Urbanismo y política

Pintan bastos en los ayuntamientos de la comarca de El Aljarafe, que se han visto salpicados por el escándalo desatado en el de Camas por encontrarse algunos ediles bajo sospechas de haber propiciado recalificaciones de suelo de dudosa factura.

La tensa situación que se registra en los consistorios que por tal causa han saltado a los medios de comunicación, se ha generado al calor de lo sucedido en el Ayuntamiento de Camas, que los ediles del PSOE la están utilizando para saldar rencillas y pendencias políticas que no por cumplir con la obligación que tienen impuesta los funcionarios públicos (los ediles tienen esa consideración según el Artículo 119.3 del Código Penal) por el Artículo 408 del mismo texto legal como es la de perseguir el delito.

Si esa obligación hubiera prendido en ellos, seguro que la nómina de ayuntamientos donde el urbanismo se gestiona "a la carta", según inconfesados intereses, se engrosaría porque es un secreto a voces las "modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana", aprobadas por los respectivos equipos de gobierno, que no son más que sospechosas recalificaciones de terrenos.

Es menester conocer que si la opinión pública ha tenido conocimiento de lo sucedido en el Ayuntamiento de Camas, ha sido por la correlación de fuerzas que existe en su corporación local. ¿Pero que está ocurriendo en las localidades que están sometidas a un devastador desarrollo urbanístico y que sus ayuntamientos están gobernados por partidos con mayoría absoluta? Téngase en cuenta la notoria incidencia municipal del PSOE.

Sin pretender hacer extensible a todos los ayuntamientos el manto de sospecha que cubre a los señalados por los medios de comunicación, creo que sería interesante, e incluso conveniente, que la autoridad que tiene delegado en ellos las competencias de la planificación del territorio se preocupara en auditar las recalificaciones de terreno que, con su autorización, se han aprobado. Sugiero que empezaran por el de Castilleja de la Cuesta. Seguro que, de llevarse a cabo, los vecinos de esas localidades se llevarían una gran sorpresa al tener conocimiento que en su Ayuntamiento también "cuecen habas" en materia de recalificaciones de terreno y, por consiguiente, de la "gestión" que están haciendo sus representantes políticos del instrumento de ordenación integral del municipio: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así lo ha entendido la fuerza política que en el Parlamento de Andalucía apoya al Consejo de Gobierno (PSOE) y, para no crear alarma social, se ha negado a aprobar la propuesta formulada por el grupo de IU-LV-CA de llevar a cabo la auditoria anteriormente mencionada.