40.500 conductores han sido multados por circular sin la documentación en regla

La Ertzaintza impuso además en 2004 más de 3.000 sanciones por superar la tasa de alcohol

La Ertzaintza impuso a lo largo del año pasado 40.573 sanciones a conductores por circular sin la documentación en regla, en concreto, por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), no llevar el seguro obligatorio y el carné de conducir o el permiso de circulación. Además, la policía vasca sancionó en este periodo a 3.064 conductores por rebasar la tasa de alcohol permitida.

El año pasado, 1.156 personas fueron víctimas de siniestros causados por el consumo de alcohol y de otras drogas, según datos de la Dirección de Tráfico, lo que representa el 3,7% del total de víctimas en siniestros. Ante la proximidad de las fiestas navideñas, el Departamento de Interior iniciará una campaña de control de alcoholemia en las carreteras vascas. En 2004 se practicaron 5.391 controles y 42.799 conductores se sometieron al test.

En Euskadi había al término de 2004 un total de 1.138.201 vehículos, un 3,2% más que el año anterior. El número de conductores con permiso o licencia de circulación censados en el País Vasco ascendía a 1.172.828.

La principal infracción en que incurren los chóferes es el exceso de velocidad, que supone una de cada cuatro sanciones de tráfico. Por circular sin toda la reglamentación en regla, la policía vasca denunció a 40.573 personas. Esto significa que diariamente se sanciona a un centenar de "conductores indisciplinados", como se les conoce en el argot automovilista. Del total, 13.114 no habían pasado la ITV del vehículo, otros 11.179 no tenían actualizado el seguro obligatorio y 16.280 viajaban sin el permiso de circulación del vehículo o el carné de conducir.

La Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) calcula que alrededor del 2% de los conductores circula sin carné. La mitad de ellos no ha pasado nunca por una autoescuela o no aprobaron el examen; un 40% lo tiene suspendido o privado por la autoridad administrativa o judicial, y el 10% restante agrupa a extranjeros que no tienen el permiso reconocido en España.

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