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Estepona aprobará convenios urbanísticos por 24 millones dos días antes de que la ley los limite

El Ayuntamiento de Almuñécar ha firmado 34 acuerdos condicionados al futuro PGOU

El Ayuntamiento de Estepona aprobará seis convenios urbanísticos por los que ingresará 24 millones de euros en un pleno extraordinario convocado para el próximo sábado, solo dos días antes de que entre en vigor la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que impedirá a los municipios disponer por anticipado del dinero que obtengan por esta vía. El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que entiende que la ley pondrá en dificultades presupuestarias a los ayuntamientos, sostiene que los convenios son "absolutamente legales" y que los ingresos se emplearán en nuevas infraestructuras.

Cuando el próximo lunes día 12 entre en vigor la ley, los ayuntamientos solamente podrán cobrar los ingresos que pacten en los convenios que firmen con promotores una vez que el planeamiento urbanístico esté definitivamente aprobado por las comisiones provinciales de urbanismo. Sólo en ese momento existe garantía de que se pueden ejecutar los proyectos contenidos en los convenios. Los convenios que verá el sábado el pleno de Estepona están condicionados a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aún en trámite.

El alcalde, Antonio Barrientos, ha reconocido que los convenios se aprobarán antes de la entrada en vigor de la nueva norma porque "la ley es muy restrictiva y los ayuntamientos vamos a tener muchas dificultades presupuestarias". Barrientos, que gobierna con el apoyo de ex concejales del GIL, ha recordado que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias rechazó la ley, y entiende que antes se debería haber modificado la Ley de Haciendas Locales para garantizar la suficiencia financiera de los municipios.

Según Barrientos, los convenios cuentan con todos los informes técnicos favorables, son respetuosos con el documento de avance del PGOU y del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol y contemplan una edificabilidad de entre 15 y 20 viviendas por hectárea, lejos del máximo de 30 que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El alcalde alega además que tendrán un importante beneficio para la ciudad, porque en todos ellos se prevén equipamientos y la mayoría de los ingresos será para inversiones en infraestructura.

De los seis convenios, cuatro son para promociones de vivienda -2.500 en total-, uno para un centro comercial y de ocio que se anuncia como "el más grande de España" y otro para la construcción de 600 viviendas de promoción pública.

Almuñécar

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) firmó hasta el pasado mes de noviembre 34 convenios urbanísticos condicionados a la aprobación de su proyecto de PGOU, aprobado inicialmente por el pleno municipal pero muy criticado por la Junta, que tiene la última palabra. Cada uno de esos acuerdos firmados con promotores, constructores y propietarios del suelo, establecen el abono por parte de éstos del 5% del valor de los terrenos que por ley deben cederse al municipio. En virtud de esos contratos, el Ayuntamiento ha ingresado hasta el momento algo más de 2,9 millones de euros que tendrá que devolver con intereses en caso de que el PGOU finalmente no se apruebe. Si se desarrollan los convenios, el consistorio ingresaría en total 72,4 millones de euros.

De esos 2,9 millones de euros, 1,8 millones se abonaron en virtud de siete convenios que el propio estudio de impacto ambiental encargado por el Ayuntamiento considera "muy negativos" o "negativos". Cinco de esos proyectos -entre los que se encuentran dos de los cuatro campos de golf previstos en la propuesta de PGOU, actualmente en trámite de información pública- reciben la calificación de "desaconsejable" en ese informe, previo a que se pronuncie la consejería de Medio Ambiente, en principio contraria al conjunto del plan urbanístico.

El alcalde, Juan Carlos Benavides (PA), ha justificado en varias ocasiones la firma de los convenios por la falta de liquidez de las arcas municipales, motivada en su opinión por el bloqueo de los presupuestos que la oposición local (PP y PSOE) mantuvieron hasta hace un mes, cuando se aprobaron gracias a un concejal del PP, Andrés Palacios, que se pasó al grupo mixto. "La oposición se opone a cualquier vía que sirva para dar ingresos al Ayuntamiento", explica Benavides, que asegura que la mayoría de ese dinero ya se ha gastado "en infraestructuras y equipamientos públicos, tal y como establece la ley".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de diciembre de 2005