Datos desoladores

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos de su encuesta sobre Calidad y Condiciones de Vida con los últimos datos de 2003. Como otras fuentes habían aventurado, este estudio confirma que la situación social y la pobreza en España no sólo no han mejorado en los últimos diez años sino que en algunos aspectos significativos, como los relativos a la pobreza femenina, han empeorado.

Una de cada cinco personas (el 19,9% del total) se encuentra en situación de pobreza en el conjunto español, lo que significa que obtienen menos del 60% de la media del ingreso disponible nacional. Sin embargo, en Andalucía, ese porcentaje se eleva al 31,1º%, es decir, que casi uno de cada tres andaluces es pobre.

La gravedad y extensión de esta situación se expresa en dos datos bien significativos: el 60,8% de los andaluces no tiene capacidad para tener ni siquiera una semana de vacaciones al año (frente al 43,9% del conjunto nacional) y el 54,5% no la tiene para afrontar gastos imprevistos.

Tratar de apuntar en pocas líneas las causas de la pobreza que se sufre en Andalucía es arriesgado pero me atrevo a señalar algunas circunstancias que a mi modesto entender están impidiendo que el Gobierno y otras instituciones andaluzas contribuyan decisivamente a reducirla.

1. No se quiere hablar del tema. Los que tienen poder en Andalucía no quieren hablar de la pobreza, no se quiere reconocer que en Andalucía hay muchos pobres y demasiada exclusión social. Un ejemplo: a pesar de que una de cada tres personas son pobres en nuestra comunidad, en el último informe del Consejo Económico Social sobre la situación socioeconómica de Andalucía, la palabra "pobreza" se menciona una sola vez, entre paréntesis y como ejemplo, y la palabra "pobres" también una sola vez pero referida a regiones europeas.

2. Las políticas neoliberales crean desigualdad y pobreza. Los datos no pueden ser más elocuentes: la exclusión social aumenta allí donde se renuncia a la política macroeconómica generadora de empleo de calidad, donde se reducen los gastos sociales, donde el mercado y los intereses privados se privilegian frente a la solidaridad colectiva, donde se reducen los impuestos progresivos, donde se impone el dogma del equilibrio presupuestario, donde se asume sin más la política de competitividad que no tiene en cuenta las condiciones laborales y de vida de la población... Eso ha ocurrido en España en los últimos años con el gobierno del Partido Popular, pero en Andalucía se ha asumido una gran parte de todo ello porque no se ha sabido o no se ha querido gobernar contra esta corriente que a tantos embelesa.

2. No hay modelo económico. El gobierno andaluz no ha sido capaz de definir con precisión y disciplina el norte estratégico de la política económica y en el que deban incardinarse el resto de las políticas. Nuestra economía crece en su mayor medida por inercia y esa inercia arrastra, como no puede ser de otro modo, los males estructurales que desde hace decenios vienen frenando nuestro desarrollo efectivo: desvertebración, desindustrialización, dependencia...

3. El aislamiento de las políticas sociales. Quienes conocen el funcionamiento de nuestra administración saben muy bien que el gran suplicio anual de las despectivamente llamadas consejerías "de gasto" es la negociación presupuestaria con la de Economía, para quien toda propuesta innovadora es superflua y todo programa susceptible de recortar hasta su más ínfima expresión. La consecuencia es que, como también suele decirse coloquialmente, las consejerías andaluzas tienen que vender humo, proyectos generalmente muy bien concebidos pero detrás de los cuales apenas si hay recursos, o al menos, los necesarios para su desarrollo integral, algo que suele ser esencial en las políticas sociales y de inclusión.

4. Las ineficaz desmembración de las políticas de empleo. Andalucía ha recibido competencias en políticas de empleo y muchísimos recursos pero no ha generado una estrategia de actuación que permita optimizarlos. Hay cientos de programas, de proyectos, organismos duplicados, instrumentos que tropiezan entre ellos o que solapan sus actuaciones, ... pero no hay una estrategia reflexiva, coordinada y puesta en marcha con disciplina. Algo sumamente grave si se tiene en cuenta que los mercados de trabajo se han convertido hoy día en una fuente principal de exclusión social.

5. La equivocada política de igualdad. El presidente Chaves se equivocó haciendo que su macroconsejería fuese la de Innovación, ahora convertida en un auténtico fiasco, cuando debería haberlo sido la de Igualdad. Se prefirió seguir con una política social muy mal concebida, que recurre constantemente a la privatización, y que en lugar de consolidar un auténtico sistema andaluz de inclusión social está creando una maraña de la que sólo salen acciones descoordinadas y subsidios de cuya eficacia social real nada se sabe.

6. Exclusión financiera. A pesar de que están gobernadas por militantes socialistas y que se supone que su acción debe responder a criterios mucho más sociales e inclusivos, nuestras cajas de ahorros han optado por asumir el modo bancario privado de actuación. No basta solo, como están haciendo algunas ahora, con abrir unas cuantas líneas de microcréditos con cargo a su obra social, sino que es preciso asumir más compromiso para impulsar la inserción, el autoempleo y la creación de microempresas, para facilitar la labor de los emprendedores sociales y para facilitar que miles de personas ahora excluidas creen y dinamicen los mercados en las zonas deprimidas.

7. Ayuntamientos a la deriva. La erradicación de la pobreza en Andalucía no podrá lograrse mientras que los ayuntamientos miren a otro lado como está sucediendo ahora, especialmente en algunos grandes municipios. Bien sea por su crisis financiera, bien por el orden de prioridades que guía su actuación, lo cierto es que no está existiendo una política municipal que vaya más allá de paliar los efectos más extremos y a corto plazo de la marginación y la pobreza.

8. Cultura y educación frente a la pobreza. Finalmente, no puede olvidarse que la pobreza y la exclusión nacen de la desigualdad pero que se alimentan de la incultura y de la falta de formación. Los pasos que se han dado en este sentido en Andalucía son evidentes pero también lo es que siguen siendo insuficientes y, en algunos campos, equivocados.

Lo que acabo de señalar no puede interpretarse en el sentido de que todo lo que ha hecho el gobierno socialista de Manuel Chaves está mal. Seguramente, no hay otra comunidad autónoma en España que dedique más esfuerzo presupuestario a las políticas sociales y de igualdad, lo cual demuestra que el orden de prioridades de este gobierno es bien distinto, por ejemplo, al de los del Partido Popular, que disminuye los recursos para gasto social allí donde gobierna o ha gobernado. Como también es una evidencia comprobada que las políticas fiscales, laborales y sociales del Partido Popular en ayuntamientos, autonomías o en el gobierno central, crean o han creado más desigualdad que las socialistas y han empeorado la situación de las personas y familias con niveles de renta más bajos. Lo que ocurre es que en Andalucía hay mucho que mejorar y que hay que hacerlo cuanto antes.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga