La fe de errores del Consell es "imposible de tramitar" en las Cortes, según fuentes jurídicas

La propuesta aprobada el viernes por el Consell para modificar la ley de acompañamiento mediante una corrección de errores -que a su vez modifica la Ley de Ordenación del Territorio (LOT)- es "de imposible tramitación" en las Cortes, según fuentes jurídicas de la Cámara. El acuerdo del Consell, explican, afecta a un texto que ya no es el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento, pues ha sido modificado en la comisión de Economía, cuyo dictamen publicó ayer el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV). Los socialistas acusaron ayer al Consell de "usurpar" la soberanía de las Cortes y anunciaron un recurso al Tribunal Constitucional si se aprueba la modificación.

El PSPV cree que el acto puede ser "ilícito penalmente, cercano a la prevaricación"

El proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y de organización de la Generalitat Valenciana -conocida como ley de acompañamiento- que ayer publicó el BOCV, "ya no es del Consell" y por tanto el Ejecutivo "no puede modificarla", explican fuentes de los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas. Estas fuentes consideran que el acuerdo aprobado el viernes por el Consell no es una "corrección de errores", como pretende el Gobierno autonómico, sino una modificación legislativa, en concreto, de la vigente Ley de Ordenación del Territorio (LOT). Si el Consell quiere rectificar los cambios que introduce en esa norma legal a través de la ley de acompañamiento, deberá esperar a que esta última se apruebe, para después presentar un proyecto específico para modificar la LOT.

La "corrección de errores" remitida por el Consell es "de imposible tramitación" en las Cortes, según las citadas fuentes jurídicas, porque se refiere a un texto que ya no existe y, además, dejaría en situación de indefensión a los grupos. El proyecto de ley de acompañamiento fue remitido a las Cortes el pasado mes de octubre y publicado en el BOCV el día 31 de ese mes. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 14 de noviembre. Tres días después se debatieron en el pleno las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición y las parciales fueron abordadas en la comisión de Economía el día 29. El BOCV publicó ayer el correspondiente dictamen y ese texto ya no puede ser enmendado ni por los grupos parlamentarios ni, mucho menos, por el Consell.

El escrito remitido por el Consell será abordado el viernes por la Mesa de la Cámara, que deberá decidir qué hace con lo que sin duda es una patata caliente. Porque si lo acepta y lo tramita -pese a las reticencias de los servicios jurídicos, que se suman a las de los letrados de Presidencia de la Generalitat, que el viernes ya manifestaron su malestar por la decisión del Consell- puede incurrir en un ilícito penal. Y si lo rechaza estará censurando una decisión del Ejecutivo. En todo caso, los representantes socialistas en la Mesa votarán en contra de la tramitación del acuerdo. En las Cortes Valencianas no hay precedente de un caso parecido. A lo sumo, se han acordado algunas veces cambios de este tenor mediante enmiendas técnicas, y siempre con el acuerdo expreso de todos los grupos parlamentarios.

"El Consell usurpa la soberanía popular a las Cortes", declaró ayer el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, quien aseguró que la decisión de utilizar una mera corrección de errores para alterar aspectos sustanciales de la LOT podría ser "un acto susceptible de ser ilícito penalmente, muy cercano a la prevaricación". El dirigente dijo que el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impulsor de la decisión, se ha aprovechado de ella, ya que es consciente de que permite eludir en el debate parlamentario "cuestiones que afectan a derechos sustanciales de los ciudadanos, eliminando cesiones urbanísticas obligatorias en perjuicio del interés público". Signes recalcó que se ha hecho "todo en beneficio de los urbanizadores particulares, promotores de PAI, el IVVSA y sus empresas mixtas". La modificación pretende aplazar hasta 2006 la obligación de los promotores de compensar la reclasificación de suelo no urbanizable con la adquisición de una superficie similar para dominio público.

El Grupo Socialista pedirá al presidente de las Cortes que rechace el escrito del Consell, que según la portavoz de Economía, Cristina Moreno, supone "pasar del filibusterismo parlamentario al trabucazo de los auténticos bandoleros". Moreno añadió: "Porque no hay más explicación que empezar a pensar que, sabiendo perfectamente que se trata de una actuación ilegal, les dé igual y que piensen que lo que va adelante va adelante, con la seguridad de que tienen dos años". Moreno avanzó que si la Mesa tramita el escrito y el PP aprueba la modificación de la ley de acompañamiento, recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional.

Por su parte, el portavoz del Consell, Esteban González Pons, dijo que el cambio de la LOT "tiene un carácter más técnico que político". Y eludió mayores precisiones al añadir: "Dado que tiene un contenido eminentemente técnico, me remito a las explicaciones dadas por la Consejería de Territorio y Vivienda al respecto".