Sólo faltan pocos días...

Sólo faltan pocos días para que la UE se encarrile de nuevo o para que siga en un dique seco. Después de los noes francés y neerlandés a la Constitución, Europa no sólo se encuentra en un punto muerto, sino que está desorientada. Europa busca su razón de ser.

Sólo faltan pocos días para que los europeos recobren la esperanza. Para demostrarles que sigue habiendo una voluntad política, a pesar del actual marasmo.

¿Por qué estamos juntos?

El debate actual ha perdido un poco de vista esa pregunta. El horizonte de la Constitución se ha alejado. Y, con él, el de una Europa política capaz de tener un peso importante en los asuntos mundiales; capaz de tomar decisiones en su propio seno, estimulada por los valores de la solidaridad.

El Consejo Europeo tiene el deber de llegar a un acuerdo sobre la financiación de la UE

Para recuperar un día ese horizonte es necesario superar un primer obstáculo.

El día 16 de diciembre, en Bruselas, el Consejo Europeo tiene el deber de llegar a un acuerdo sobre la financiación futura de la UE; un acuerdo que respete, además, los compromisos contraídos.

¿Por qué es esto así?

Porque, detrás de este concepto un tanto oscuro, lo que está en juego reviste una gran importancia para todos los ciudadanos europeos: la Unión debe disponer de un presupuesto a la altura de los principales desafíos del momento.

¿Acaso es esto tan importante?

La respuesta es sí, ya que se trata:

- En primer lugar, de cumplir los compromisos contraídos con los 10 nuevos Estados miembros. No se puede proceder a una ampliación sin ofrecer a los países que participan en ella los medios para que puedan desarrollarse. La Unión se los había prometido. Además, el crecimiento de estos países y el aumento de su nivel de vida beneficiarán a todos.

- En segundo lugar, de proseguir sus políticas, estructurales y de medio ambiente, que son elementos fundamentales de la solidaridad, de la cohesión intracomunitaria. En este ámbito hay que respetar una serie de compromisos.

- Y, en tercer lugar, de desarrollar las políticas de futuro que representan la investigación y el desarrollo y el acceso al conocimiento para todos. Si bien se desarrollan ante todo en el plano nacional, requieren, frente a la globalización, un valor añadido europeo.

Estas tres vertientes son indisociables. Favorecer a una de ellas en detrimento de las demás significa romper la integración comunitaria.

Para ello son necesarios recursos financieros. El Consejo no ha podido llegar todavía a un acuerdo en su propio seno, contrariamente a la Comisión y al Parlamento. Si dicho acuerdo se produce, las tres instituciones deberán ponerse, acto seguido, de acuerdo entre sí.

Es cierto que, si el Consejo no consigue llegar a un acuerdo, la Unión no estará en bancarrota. Seguirá funcionando sobre la base de un presupuesto anual; pero esa fórmula no sería la panacea.

Se trataría de una opción a corto plazo, sin una visión coherente de la dirección que debe emprenderse, especialmente en lo que se refiere a las futuras inversiones.

Nuestra institución aprobó el pasado 8 de junio una posición de negociación. Una posición ambiciosa y realista al mismo tiempo.

Ambiciosa, ya que se equilibra la financiación de las tres vertientes, de forma que la UE podría responder a todos sus compromisos.

Realista, ya que proponemos que el gasto se sitúe en el 1,18% de la renta nacional bruta europea (RNB), lo que equivale a 975.000 millones de euros en créditos de compromiso para todo el periodo.

El pasado mes de junio, el Consejo Europeo no pudo llegar a un acuerdo sobre la propuesta ¿qué era razonable? de la presidencia luxemburguesa, que sugería un porcentaje del 1,057% de la RNB, equivalente a 871.000 millones de euros.

Son conocidas las tres razones esenciales del fracaso:

- El desacuerdo respecto a los saldos netos, es decir, lo que cada Estado miembro ingresa en el presupuesto de la UE y lo que recibe directamente de él.

- El desacuerdo respecto a una posible reapertura de la reforma de la Política Agrícola Común, que el mismo Consejo Europeo había decidido ya en 2002 -para el periodo comprendido hasta 2013-.

- El desacuerdo respecto al importe global de los recursos del presupuesto. Una mayoría de Estados apoya el enfoque luxemburgués, mientras que una minoría se opone a dicho enfoque.

En este clima de discordia, ¿cómo podría darse coherencia y eficacia a la acción presupuestaria europea?

Sin acuerdo sobre las perspectivas financieras será imposible llevar a cabo debate alguno: ni sobre el modelo social, ni sobre el futuro de la Unión.

Y todo demuestra que nos encontramos todavía lejos del objetivo.

La presidencia británica espera todavía poder llegar, hasta el 16 de diciembre, a un acuerdo sobre una nueva estructura del presupuesto. La prioridad se centraría en las nuevas políticas.

Al parecer, pretende situar las perspectivas financieras en el 1,03% de la RNB, lo cual equivale a 841.000 millones de euros, es decir, ¡30.000 millones menos que en la propuesta luxemburguesa!

Estos recortes afectarían ante todo a las políticas de cohesión. Los primeros perdedores serían los 10 nuevos Estados miembros, que son los principales beneficiarios de esta política.

En cambio, se reduciría la contribución británica al presupuesto, al igual que la contribución de Suecia y de los Países Bajos, que son "contribuyentes netos".

Para superar este punto muerto es necesario combinar la voluntad política con el sentido de la innovación.

- La limitación del presupuesto al 1,03% no hará posible el equilibrio entre las tres vertientes a que me he referido antes.

Tengamos muy presentes los datos fundamentales. Mientras que los Estados miembros asignan por término medio un 47% de sus presupuestos al gasto público, ¡sólo destinan un 2,5% al presupuesto europeo!

- En el sector agrícola, el Parlamento rechaza cualquier tentativa de renacionalización de la PAC. Pero, al mismo tiempo, quiere dar prueba de flexibilidad. Podría ocurrir que el límite máximo del gasto fijado por el Consejo en 2002 fuese insuficiente para financiar los gastos correspondientes a Rumania y Bulgaria. En tal caso, el Parlamento estaría a favor de una cofinanciación obligatoria por parte de los Estados miembros.

Cuando se habla de gastos agrícolas "desorbitados", se está hablando del 0,4% de la RNB europea.

- Si se quisiera dar una respuesta satisfactoria a todas las ambiciones -es decir, una política energética común, el lanzamiento de una política de investigación y desarrollo con una dimensión importante y el desarrollo de grandes redes de transporte-, habría que liberar como mínimo entre 10.000 y 15.000 millones de euros para cada una de esas políticas.

Para el conjunto del periodo de siete años necesitaríamos un presupuesto que se situara en el 1,30% de la RNB; es decir, 1,057 billones de euros, lo que representa una cifra de 151.000 millones al año, ¡cuando el proyecto de presupuesto de 2006 asciende a 120.000 millones de euros! Pero este objetivo no es realista por el momento.

Así pues, es necesario innovar. Se impone el recurso al Banco Europeo de Inversiones y al empréstito, tanto en lo que se refiere a las inversiones públicas como a las privadas. Ésta es la posición del Parlamento.

No hay ninguna novedad por lo que respecta a la cuestión de las contribuciones netas.

¿De qué se trata a este respecto? A falta de un impuesto comunitario, el presupuesto se nutre principalmente de las contribuciones nacionales. Con los años, este mecanismo se convirtió en una cuenta de resultado cero, en la medida en que cada Estado se dedica a calcular lo que da y lo que recibe directamente del presupuesto de la Unión.

De forma que ha acabado por establecerse un mecanismo perverso que consiste en razonar en términos de "contribuyentes netos" frente a "beneficiarios netos", con un planteamiento contable.

Esto es un olvido voluntario de las ventajas que supone la pertenencia a la UE: la creación de millones de empleos gracias al mercado interior, el aumento considerable de los intercambios intracomunitarios, la condición de la UE como primera potencia comercial en el mundo...; por no hablar de las libertades que disfrutamos en nuestra vida diaria.

Incluso si nos negáramos a razonar en términos de comunidad política, ¡razonemos al menos en términos de ventajas globales!

Es evidente que lo que queda por solucionar hasta el día 16 de diciembre es todo -o casi todo-. Los esfuerzos que habrá que realizar son enormes. Sin olvidar que será necesaria una verdadera voluntad de compromiso de todas las partes. Nuestros jefes de Estado o de Gobierno deben sacar a la Unión de este punto muerto en el ámbito financiero.

Si se cumple esta condición -y se trata de una condición sine qua non-, la Unión podrá encarrilarse de nuevo y podremos abordar con mayor serenidad el debate sobre su futuro.

Josep Borrell es presidente del Parlamento Europeo.