Reportaje:

Marbella, en la encrucijada

Los desmanes urbanísticos y las continuas inhabilitaciones de concejales marcan la actualidad diaria del municipio malagueño

Año y medio después de la desaparición de Jesús Gil, Marbella sigue sumida en el caos político y urbanístico, al que hay que sumar también la precaria situación de las arcas municipales, "en quiebra técnica". La inhabilitación y condena la pasada semana de tres concejales en activo, y el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de retirar las competencias al Ayuntamiento sobre convenios y planeamiento ha destapado más si cabe la caja de los truenos, y ha provocado la incertidumbre de constructores y promotores, que además de ver peligrar los acuerdos firmados temen que la medida retrase la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La adjudicación en mayo de 2004 de la redacción de un nuevo PGOU al equipo de arquitectos dirigidos por Manuel González Fustegueras pareció poner fin a los desmanes urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella, caracterizado desde la irrupción de Jesús Gil en la escena política local por la proliferación de obras ilegales (Gil y Gil dejó como herencia 30.000 viviendas construidas al margen de la Ley). Nada más lejos de la realidad. La Junta ha impugnado en dos años a la nueva alcaldesa, Marisol Yagüe, más licencias de obra que durante los 12 años de gobierno de Gil y Julián Muñoz.

Aún hay 14 ediles, alcaldesa incluida, imputados en procedimientos penales

"Hemos constatado que no hay voluntad de enmienda por el actual equipo de gobierno de Marbella", dijo Chaves el pasado martes. Lo cierto es que Yagüe ha hecho caso omiso a las continuas advertencias de la Junta de paralizar las obras declaradas ilegales por los tribunales y "ha seguido concediendo licencias" al margen del ordenamiento urbanístico vigente. "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados", replicó a la amenaza de retirada de competencias la alcaldesa, que rechaza el documento de González Fustegueras, un texto que cuenta con el aval del Gobierno andaluz.

En el terreno político la situación es cada vez más crítica. Las peleas entre los ex gilistas han dado como resultado una curiosa amalgama de grupos mixtos, hasta seis. Además, desde la moción de censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003, el equipo de Yagüe ha pasado de mayoría absoluta a minoría y ha sufrido cuatro remodelaciones, y pronto una quinta. A las destituciones de ediles díscolos se unen las inhabilitaciones de antiguos gilistas, el primero el despojado Muñoz, condenado en abril de 2004 a dos años de inhabilitación, y que ha sumado otras dos condenas en febrero y marzo.

En septiembre pasado Yagüe destituía a dos de sus socios de gobierno del Partido Andalucista, Carlos Fernández y Pedro Pérez, acusados por la alcaldesa de "extorsionar" a trabajadores de las delegaciones de Turismo y Limpieza para que se afiliasen y diesen parte de sus sueldos al partido. La ruptura con los andalucistas dejó en minoría a Yagüe, que ha perdido también esta última semana a otro edil, Rafael González, inhabilitado por la Audiencia Provincial de Málaga junto a la concejal de la oposición Marisa Alcalá.

Y el jueves un jurado declaraba culpable de un delito de malversación de caudales públicos al concejal del PA, Carlos Fernández, que dimitió un día después. Con estas tres últimas bajas el Ayuntamiento de Marbella ha quedado reducido de un plumazo de 27 a 24 concejales, a la espera de que las vacantes sean ocupadas en breve. Pero no parece que este caudal de inhabilitaciones vaya a parar. Todavía hay 14 ediles -10 del equipo de gobierno, alcaldesa incluida- imputados en distintos procedimientos penales, la mayoría referentes a denuncias urbanísticas, paradójicamente interpuestas por la tránsfuga socialista, Isabel García Marcos, ahora socia de Yagüe.

Desde 1991 han sido condenados ocho concejales y hay más de 27 ediles imputados, además de técnicos y asesores municipales. Ahora hay más de 30 sumarios abiertos por delitos contra la ordenación del territorio contra concejales de Marbella, 12 de ellos a la espera de juicio. "Debe prevalecer la presunción de inocencia, y mientras no haya ninguna condena en firme los concejales imputados van a seguir en el equipo de gobierno. Cuando llegue alguna sentencia en firme dejarán su acta, y tendrá que seguir corriendo la lista", dice Yagüe.

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