El PPCV se siente acosado y víctima

Dos lustros de hegemonismo político, sin apenas sufrir el puyazo crítico, han calcificado la cintura del PP valenciano y así se comprenden las respuestas desmesuradas apenas se ha visto señalado por el dedo con fundamentos respetables, cuanto menos, e incluso fundados. Esto ha ocurrido a propósito de la política urbanística y de vivienda del Consell y, por otra parte, de la denuncia del fiscal jefe del Tribunal Superior de la CV, Ricard Cabedo, acerca de un supuesto fraude y trama de facturas falsas vinculadas a Terra Mítica, además de las investigaciones iniciadas en torno al Instituto Valenciano de Exportación (Ivex), entre otras diligencias que implican asimismo a instancias y personajes del partido gobernante en la Comunidad. Unos varapalos ciertamente novedosos.

No es nuevo que la política urbanística estuviese en el vórtice de la actualidad, tanto más cuando viene siendo cuestionada reiteradamente por la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, y el mismo dinamismo del sector inmobiliario decante sobrados motivos de preocupación, no tanto por la pronosticada desaceleración económica, como por el allanamiento impetuoso del territorio y el vaho de corrupción que destila. Añadamos a ello el debate sobre la nueva Ley Urbanística Valenciana que se está tejiendo, con más resignación que anuencia del gremio del ladrillar y claro desmarque del principal partido de la oposición, el PSPV, que se resiste a involucrarse en lo que considera un mal proyecto por más enmiendas que le acepten con tal de involucrarlo.

Singular pugilato, a este respecto, el que disputan el consejero Rafael Blasco y el secretario de Vivienda del PSPV, Eugenio Burriel, sujetos de un antiguo y turbulento contencioso.

Con este panorama de fondo ha irrumpido el dictámen del Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, señalando la falta de inversión en viviendas protegidas, lo que, en principio, significa una descalificación en toda regla de la política prometida en este capítulo. La reconvención -que también contempla la degradación urbana- ha originado una confrontación aluvial de cifras que matizan, probablemente, la apreciación de la Sindicatura, pero lo que no pueden desmentir es que en el País Valenciano se construyen menos VPO que diez años atrás, lo que resulta más espectacular si se contrasta con el alud de PAIs y macrourbanizaciones. Tampoco es demasiado consolador que en este apartado social aventajemos a otras comunidades, pues lo que se lamenta no es su déficit, sino el nuestro.

Pues bien, la requisitoria del Síndic ha puesto de los nervios a más de cuatro y, especialmente, a la secretaria autonómica Cristina Serrano, que le acusó de "obstruccionismo", cuando, por todo lo sabido, la obstrucción la fomenta el Consell, no dotando debidamente de recursos materiales a esta institución, y la consejería de la citada funcionaria, que no contesta a las preguntas que le ha formulado la sindicatura: cuántas VPO ha promovido y entregado en los últimos tres años y las listas de espera para acceder a ellas. En todo caso, no es de recibo, por no ser democrático, descalificar esta instancia estatutaria por que no agrade su dictámen.

Y algo parecido, o resueltamente más grave, acaba de pasar con la tronada acusación de parcialidad que se ha formulado contra el referido fiscal jefe, a quien se le imputa no investigar al PSPV porque su esposa es diputada de este partido. La temeridad del consejero portavoz, Esteban González Pons, no tiene límites. Pero también es cierto que, por esa misma frivolidad, provoca consecuencias que probablemente nadie del Consell deseaba, como es la movilización solidaria del cuerpo fiscal. La Junta de Fiscales de la Audiencia de Alicante reputó de "maliciosas y torticeras" las críticas lanzadas contra su colega. Y a ello puede añadirse que son denigrantes para quien las emite, quien tendrá que buscar nuevos y más imaginativos argumentos incriminatorios o despectivos porque lo previsible es que, hasta el final de la legislatura, no dejen de emerger asuntos que requieran ser investigados de oficio por su pestazo a corrupción. Lo que no debe confundirse con el acoso, sino con la fiscalización.