El ministro y los indultos

Con motivo del 50º aniversario de la independencia de Marruecos, el rey Mohamed VI ha concedido un indulto del que se han beneficiado 66 españoles. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al tiempo que aprecia el gesto del Gobierno de Marruecos, lo pone como "ejemplo de que la diplomacia y la proximidad también pueden ayudar a personas de carne y hueso".

Esta actitud humanitaria del ministro no se corresponde con la que mantiene al no resolver el indulto para Ahmed Tommouhi, pedido por el fiscal de Cataluña José María Mena hace más de seis años.

Tommouhi no sólo es de carne y hueso, sino que, además, es inocente. Así se demostró, al menos, en una de las cuatro causas de robo y violación por las que había sido condenado. La detención, años después, del verdadero culpable, de gran parecido físico con Tommouhi, y el incuestionable resultado de unos análisis de ADN obligaron al Tribunal Supremo a la anulación de la sentencia que se había basado en la contundencia de su identificación por parte de la víctima como única prueba.

Pero en los demás casos no se habían conservado restos que analizar y el Supremo denegó su revisión. Según dictaminó, en junio de 2000, nuestro ordenamiento jurídico, todavía hoy en vigor, sólo autoriza el recurso de revisión cuando hay pruebas que evidencian el error, y en este caso sólo había "dudas razonables". La razón quedó supeditada a la justicia formal, y Tommouhi, en la cárcel.

No obstante, el Supremo recomendaba el indulto como única salida legal, pero ésta es la que los políticos le niegan. Tendrían que firmar el indulto para un condenado por violación o reconocer que el sistema judicial ha incurrido en una serie de errores que mantienen a un inocente en la cárcel desde hace más de catorce años.

Y, ante esto, es mejor mirar para otro lado, apoyar indultos en otros países que, ya se sabe, tienen un sistema judicial y penitenciario sospechoso, como mínimo, de no respetar los derechos humanos. La perfección del nuestro nos permite, legalmente, tapar los errores judiciales con un simple silencio.