La Sindicatura impondrá sanciones de hasta 50.000 euros a las instituciones que no cooperen

La nueva ley de la Síndicatura de Cuentas, pendiente de aprobación por el Gobierno catalán, prevé la imposición de sanciones de entre 200 y 50.000 euros a las instituciones públicas y partidos políticos que se nieguen a facilitar información y no cooperen en sus investigaciones. Ésta era una vieja reivindicación de la Sindicatura ante las reiteradas negativas de algunos ayuntamientos a colaborar con este organismo fiscalizador de la Administración. La ley y el nuevo reglamento del Parlament introducen medidas para agilizar los trabajos de la Sindicatura y el control de los diputados.

Hasta ahora la Sindicatura carecía de medidas coercitivas para obligar a las administraciones y formaciones políticas a facilitar la información que les fuese requerida. Tan sólo el Código Penal prevé el delito de desobediencia para las autoridades o los funcionarios que interfirieran en una investigación, delito que se castiga con suspensión de empleo y cargo de seis meses a dos años. No obstante, este procedimiento nunca ha sido empleado por la Sindicatura.

En numerosas ocasiones, la Sindicatura se ha visto en la imposibilidad de concluir investigaciones por falta de colaboración pública. Este año, por ejemplo, un total de 450 ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por CiU, se negaron a informar de posibles contratos suscritos con las empresas Indra y Europraxis, vinculadas a un hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

La ley también otorgará a la Sindicatura de Cuentas capacidad para sancionar a los partidos políticos que superen el límite fijado de gasto en las campañas electorales.

El proyecto prevé asimismo mecanismos para agilizar la fiscalización de las cuentas públicas de la Generalitat mediante programas de colaboración con el Departamento de Economía. La Sindicatura también verá ampliadas sus competencias y podrá elaborar informes sobre gestión y eficiencia de las administraciones o sobre contabilidad medioambiental, en función de las directrices de la Unión Europea.

A partir de enero, la Sindicatura deberá elaborar una memoria anual de actividades e informar al pleno del Parlament sobre la fiscalización de las cuentas de la Generalitat, según recoge el nuevo reglamento de la Cámara.