El tripartito llega a un acuerdo para poner en marcha la oficina antifraude

Tras más de un año de negociaciones los tres grupos de izquierda que apoyan al Gobierno catalán acordaron ayer las bases sobre las que se edificará la oficina antifraude que, prevista ya en el Pacto del Tinell, debe servir para mejorar el control sobre la gestión de la Generalitat y las subvenciones y ayudas que ésta concede a terceros.

Las enmiendas al proyecto de ley de creación de la oficina que ayer acordó el tripartito dejan claro que este organismo dependerá directamente del Parlament y que el primer consejero será su único vínculo directo con el Gobierno. Este podrá proponer un director para la oficina a la Cámara, la cual deberá apoyarlo con una mayoría de al menos tres quintas partes de los diputados.

Las transacciones dejan claro que la oficina es independiente pese a su adscripción parlamentaria; que los Presupuestos de la Generalitat dedicarán a la oficina una sección específica; que la oficina se inhibirá si empieza a actuar la justicia ordinaria; que el control parlamentario se ejercerá a través de comisión, y que impone el secreto a sus miembros, incluso tras dejar sus cargos. Finalmente, y a diferencia de lo que se había apuntado inicialmente, la oficina no tendrá una unidad propia de los Mossos d'Esquadra.