La política autonómica del Gobierno

Quizá la pregunta más justificada que puede dirigirse hoy a la actual dirección socialista es la que tenga que ver con el intento de dilucidar las motivaciones últimas de su política autonómica. Hay que reconocer que es en sí mismo anormal que tengamos que hacernos este tipo de preguntas; anormal, pero justificado. En síntesis, se pueden esbozar tres posibles respuestas a la misma: la que cabría calificar de maliciosa, la que podríamos evaluar como de idealista y la que podría recibir la calificación de realista.

La respuesta maliciosa apuntaría al intento del Gobierno de Zapatero de forjar una nueva mayoría integrada por la alianza del Partido Socialista con las formaciones políticas nacionalistas. El deseo de seguir gobernando, no solamente en Madrid, sino también en Barcelona, Santiago y, a ser posible, en Vitoria, sería en esta perspectiva el motor de la actual política autonómica. Se trataría de formar una mayoría que dejara fuera del juego político al Partido Popular. La expresión más gráfica de esta política sería la presentación de la vida de las Cortes Generales como el terreno de un acuerdo prácticamente unánime, acuerdo al que solamente quedaría sustraído un solitario centro-derecha visto en realidad como un grupo conservador llamado a perpetuarse en la oposición. La falta de negociación con el Partido Popular de cuestiones fundamentales de nuestra vida política, reforzaría esta impresión de que la política autonómica no es sino el expediente en torno al cual organizar la operación de acoso y derribo de la oposición política. Esta interpretación sería suscrita, en líneas generales, por esa misma oposición, que aceptaría el desafío en el terreno de la política autonómica como el escenario en que habrá de dirimirse la futura contienda electoral.

La respuesta idealista tendería a ver la política autonómica del presidente Zapatero como resultado de una ambiciosa actitud ideológica y doctrinal. Lo que la dirección socialista estaría llevando a cabo es una relectura de la cuestión nacional-regional de España. Una relectura de la que formarían parte sustancial la renuncia a la condición nacional de España, la aceptación de un modelo federal en el que se subrayarían los rasgos dualistas sobre los cooperativos constitucionalmente previstos y en la que se apuntaría a la apertura de un proceso constituyente que tendría como objetivo adecuar el texto de 1978 a las necesidades derivadas del nuevo momento histórico español. Se trataría de una interpretación de la política autonómica de la actual dirección socialista que, en combinación con la explicación "tacticista" de la respuesta maliciosa, sería dada por buena por una oposición popular interesada en subrayar los rasgos de irresponsabilidad ante la cuestión del Gobierno de Zapatero.

Mi impresión es que hay que reconocer espacio a una tercera respuesta a la pregunta acerca de las causas últimas de la política socialista en materia autonómica. Se trataría de una respuesta realista que partiría del nivel de desarrollo alcanzado por la opinión nacionalista en Cataluña y el País Vasco. La fuerza del nacionalismo en estas dos comunidades obligaría a una respuesta decidida orientada a lograr un acuerdo duradero. La búsqueda de este acuerdo requeriría el recurso a expedientes singulares y extraordinarios del tipo del presente proyecto de reforma del Estatuto para Cataluña.

Solamente con el recurso a estos expedientes podría alcanzarse una pacificación del pleito autonómico que nos permitiera afrontar con relativa tranquilidad la vida política del conjunto de la nación en un horizonte a medio plazo.

De las tres posibles respuestas a la pregunta de los motivos que impulsan al Gobierno de Zapatero en política autonómica, me parece desechable la segunda. Sinceramente, no me imagino a la actual dirección socialista diseñando una nueva idea de España como nación y como Estado. Las intervenciones parlamentarias de Zapatero no recuerdan en nada las que protagonizara Manuel Azaña en las Constituyentes de 1931 y en el debate del Estatuto de Cataluña de 1932. En el caso de Azaña, se adivinaba un proyecto reformador de la vida española que ahora no quiero entrar a valorar. Pero que era en todo caso un proceso de alcance y fruto de la meditación. No es éste, acaso por fortuna, el sentido que domina en las palabras actuales del presidente Zapatero.

Sin menoscabo del influjo de la primera respuesta, la que he calificado de maliciosa, creo que es en el terreno acotado por la tercera en el que hay que buscar las razones fundamentales del "nuevo trato" autonómico socialista. Las razones del pesimismo acerca de la fuerza imbatible de los nacionalismos catalán y vasco pienso que radican en las dudas de la dirección socialista acerca de la coordinación del PSOE con el PSC y en la renuncia a una alianza con el Partido Popular para favorecer la salida del PNV del Gobierno de Vitoria. Sin una política coherente de los socialistas catalanes y sin un entendimiento de los constitucionalistas en el País Vasco, es realista pensar en la imposibilidad de superar el control nacionalista de la vida política catalana y vasca. Cuestión diferente es el empleo de expedientes extraordinarios para buscar el entendimiento con los nacionalismos de ambos territorios.

El proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña está levantando una oposición que la dirección socialista no puede ignorar. La organización autonómica de la vida española refuerza esta oposición. La dirección socialista responde ante un modelo autonómico de nuestra vida política que dificulta el control de un partido por sus órganos centrales, incluso en un partido tan cohesionado como el PSOE. La revuelta de los electores puede ser vista con algo más de calma, ante la ausencia inminente de elecciones. En este contexto, cabe la posibilidad de quela dirección socialista fuerce un acuerdo a favor de las soluciones extraordinarias teniendo en cuenta las posibilidades de pacificación en el País Vasco. O, por el contrario, cabe la posibilidad de que esa dirección socialista estime más prudente un giro táctico que fuerce a una negociación realista del proyecto de reforma del Estatuto, asumiendo el riesgo de su retirada de las Cortes por sus patrocinadores catalanes.

En todo caso, la mejor solución sería la apertura por el PSOE y su gobierno de un periodo de reflexión en torno a su política autonómica. Un periodo de reflexión que reconozca la necesidad de un entendimiento con el Partido Popular y que evite la creación de situaciones que pueden tener mucho de irreversibles para el futuro político español. Porque incluso la hipótesis de una alternancia en el poder como resultado de las futuras elecciones a las Cortes Generales podría encontrarse bloqueada por el impulso de un programa de reformas extraordinarias de la vida de nuestro Estado autonómico auspiciado por la alianza del PSOE con las fuerzas políticas nacionalistas en el momento actual.

Hay que confiar en que el PSOE se atenga al pragmatismo y escuche las demandas del propio partido y de su electorado. Que, en definitiva, el "tacticismo" y el doctrinarismo den paso a una evaluación realista del problema. Un realismo que el propio Gobierno de Zapatero debe trasladar a Barcelona y Vitoria como expediente indispensable en la búsqueda de soluciones a nuestro problema autonómico.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED.