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Editorial:

Ultrasoluciones PP

Al proclamar que ETA está tutelando el proyecto de nuevo estatuto catalán, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha cruzado una raya peligrosa. Es absurdo conceder esa influencia a una banda que busca desesperadamente motivos para mantenerse en candelero. El argumento de Acebes, asumido luego por Aznar y el resto de la cúpula, es que el comunicado etarra "impone que Cataluña sea una nación". Se trata de un argumento de bajísima calidad, que revela una gran ignorancia sobre lo que es ETA y también sobre lo que está en juego en el debate sobre el Estatut; y que trasluce la obsesión del PP por encajar todo lo que ocurre en su discurso monotemático sobre la supeditación del Gobierno a aliados que lo están a su vez a ETA.

Ese discurso pasó a primer plano a raíz de conocerse la entrevista de Carod-Rovira con ETA en Perpiñán, a comienzos de 2004. Su denuncia por parte del PP tuvo un inmediato reflejo en los sondeos electorales, que volvieron a pronosticarle mayoría absoluta. Con ese antecedente en la cabeza, el PP viene empeñándose desde su derrota electoral en aplicar dicho discurso a cualquier situación, desde los contenidos de la Ley de Defensa hasta la OPA sobre Endesa. El resultado no sólo ha empobrecido el debate político, sino que también ha fomentado la idea algo paranoica de que todo lo que ocurre tiene que ver con el objetivo final de negociar con ETA. Frases como la de que "ETA necesita a Zapatero y Zapatero a ETA" o afirmaciones como la de que el Estatut es el "fruto de Perpiñán" ayudan poco a entender lo que está pasando, pero resultan de gran eficacia para movilizar pasiones (y bajos instintos) territoriales.

El PP se siente seguro en ese terreno porque considera que su pasado le avala. El Gobierno de Aznar tuvo aciertos indudables en política antiterrorista, favorecidos por la lealtad del PSOE de Zapatero. A partir de un determinado momento, sin embargo, entró en una dinámica de ultrasoluciones que conducían imparablemente hacia decisiones drásticas, como el procesamiento de Ibarretxe si convocaba el referéndum,

que habrían convertido un problema difícil en uno irresoluble. También ahora, frente al Estatut avalado por el 90% de los parlamentarios catalanes, el PP plantea ultrasoluciones -devolver sin más el proyecto o un acuerdo que excluyera a los nacionalistas- que de prosperar conducirían a callejones sin salida.

El extremismo monotemático del PP resta toda credibilidad a sus críticas. Y como a los malos argumentos suele responderse con malos argumentos -como el de atribuir las actitudes del PP al secreto deseo de que siga ETA-, la política española se aleja así de la moderación, haciendo imposible el entendimiento que sería necesario para culminar las reformas propuestas por el PSOE sin caer en los peligros que anuncia el PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 2005