Presupuestos exteriores

La opinión pública se encuentra dividida sobre cómo deben gastarse los dineros en el exterior. El votante de izquierdas piensa que el presupuesto de ayuda al desarrollo debe aumentarse para acercar a España al objetivo del 0,7% marcado por Naciones Unidas. Por el contrario, el votante de derechas prefiere sentirse protegido frente a un mundo peligroso y desea la subida del presupuesto de defensa. Otros dos aspectos de la política internacional reciben un apoyo más generalizado: la presencia cultural en el extranjero, que incluye la promoción de la lengua española, y el fomento de las exportaciones, como demostró el Informe Incipe sobre opinión pública española y política exterior de 2003. Por último, hay que constatar que los ciudadanos rechazan el aumento del presupuesto dedicado a la diplomacia.

En los años noventa el público reclamaba una reducción del presupuesto de defensa, pero esta demanda ha remitido en la actualidad debido en gran medida a que la gente aprecia la utilidad de las Fuerzas Armadas en las operaciones de mantenimiento de la paz conducidas en el marco de Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea. En cambio, el público no valora suficientemente nuestra acción diplomática, lo que le lleva a opinar que esta partida del presupuesto debería mantenerse o incluso reducirse. Esto refleja una falta de sintonía entre el importante trabajo que llevan a cabo nuestros diplomáticos y la opinión pública, que habría que corregir.

La financiación de la política exterior de España tiene que huir de la trampa que presenta sus diversos aspectos como alternativas. Es un error pensar que debe favorecerse la ayuda al desarrollo pero no la defensa, del mismo modo que la promoción de nuestra cultura no puede separarse de la labor de la diplomacia. La acción exterior tiene que abordarse de manera integrada y recibir recursos suficientes. Las crisis y el mal gobierno entre el África occidental y la región de los Grandes Lagos, por ejemplo, afectan directamente a los españoles en forma de inmigración ilegal. Esos problemas exigen respuestas de los Estados africanos y, desde fuera, medidas económicas, financieras, políticas y a veces militares de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, concertadas con los gobiernos locales. Si los europeos eligen meter la cabeza en la arena, como los avestruces, la situación allí seguirá empeorando, y nuestra seguridad también.

El presupuesto del Gobierno para 2006 avanza en la buena dirección porque incluye un incremento en los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa. Pero este esfuerzo deberá continuarse en los próximos años, ya que el punto de partida era muy bajo. Muchas miradas están puestas en España y se espera mucho de nosotros. España tiene importantes responsabilidades internacionales en América Latina y en el Mediterráneo. Su lengua es objeto de una demanda creciente en todo el mundo. Además, es uno de los contribuyentes más importantes de Naciones Unidas. Con la globalización y la proliferación de las comunicaciones, ninguna cuestión internacional es ajena, desde la violencia en Colombia hasta un terremoto en Pakistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alcanza un presupuesto para 2006 de 1.279 millones de euros, de los cuales 681 serán destinados a cooperación al desarrollo. Esta partida se completa con lo dedicado al mismo fin por el Ministerio de Economía y Hacienda (por ejemplo, para la condonación de la deuda de países pobres) y por las comunidades autónomas. La excelente recopilación de datos contenida en el Anuario CIDOB de Barcelona recuerda que en 2002 la proporción de la Renta Nacional Bruta destinada a ayuda oficial al desarrollo fue del 0,26%, pero en 2003 esta ratio descendió al 0,23%. En el momento presente, a través de un aumento gradual, el Gobierno pretende aproximarse al 0,5% al final de la legislatura. En otros términos, si en 2003 cada español aportó algo más de 40 euros al año para ayuda oficial al desarrollo, ahora se trata de doblar esa cantidad -lo que parece razonable-. Numerosas organizaciones no gubernamentales colaboran de forma muy meritoria en la ejecución de tales ayudas.

Al igual que el de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa está históricamente mal financiado, lo que impide una proyección exterior acorde con nuestra relevancia y con las expectativas de socios e interlocutores. El aumento que se prevé para 2006 es imprescindible, con el fin de aproximar los salarios de los militares a los de otros profesionales de nivel similar. Pero las inversiones y las infraestructuras deben ponerse al día. El Ministerio de Defensa gasta aproximadamente un 62% en personal y tan sólo un 12% en material, mientras que las cifras en el Reino Unido son del 40% y del 24%, respectivamente. Las críticas que se hacen a las inversiones en programas de defensa ignoran que éstos representan beneficios en los campos civil y militar, y que nuestras Fuerzas Armadas se están dotando para la gestión de crisis -es decir, para ayudar a poblaciones en dificultades y garantizar la seguridad- en el marco de operaciones multilaterales, y no para aventuras de otro tipo.

La demanda global de gestión de crisis no tiene fin en el horizonte previsible. Naciones Unidas mantiene 17 operaciones en activo con más de 80.000 efectivos desplegados. La OTAN está presente en Afganistán y Pakistán, con participación española. La Unión Europea conduce operaciones militares en varios escenarios (Bosnia, con 7.000 efectivos, es la más ambiciosa), pero también de policía (por ejemplo en Kinshasa, Congo) y para asistir en la reconstrucción del Estado de derecho, al tiempo que financia la misión de la Unión Africana en Sudán. La operación para la asistencia y la formación de la policía palestina en Gaza abre posibilidades inéditas. Como ha señalado Javier Solana, el Alto Representante de la UE, la Unión dispone de toda una gama de mecanismos de acción, lo que la convierte en un actor privilegiado y exige un reforzamiento de sus capacidades.

¿De dónde va a sacarse el dinero necesario para poner un poco de orden en el mundo? La tendencia a medio plazo parece evidente: cada vez tendremos que dedicar más fondos a la acción internacional. Los ciudadanos españoles (y todos los europeos) deberíamos ser conscientes de esta realidad. Si queremos mantener el Estado del bienestar, con una población cada vez más reducida y anciana, en medio de una situación de desigualdad global, debemos invertir en seguridad exterior. Pero los euros dedicados a crear un mundo más estable y predecible están bien invertidos. En un mundo tan desigual, la seguridad bien entendida empieza por los otros.

Martín Ortega Carcelén es investigador en el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE. Ángel Pascual Ramsay es master en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ambos presentaron estas ideas en un seminario organizado por la Fundación Alternativas.