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Editorial:

El diálogo funciona

Todos han cedido, pero todos pueden considerarse satisfechos del resultado final. No ha sido un trágala para nadie y es de esperar que el acuerdo alcanzado en comisión sobre la Ley Orgánica de Educación pueda traducirse, cuando sea aprobada en el plenario del 15 de diciembre, en un marco legislativo con voluntad de permanencia que permita dar un salto en la calidad de la educación. Es lamentable que en asunto de tanta importancia el principal partido de la oposición no haya sabido o querido encontrar la forma de sumarse a un consenso general, al que han quedado incorporadas, además, las organizaciones más representativas tanto del sector público como del religioso concertado. Hablar de acuerdos "a hurtadillas" y pactos "de tapadillo" como ha hecho el PP, cuando la negociación se ha hecho a la vista de todos y en el ámbito que le es propio, el Congreso de los Diputados, suena a pataleta. Aún está a tiempo de sumarse al consenso parlamentario en el Senado. Sus dirigentes deberían reflexionar ante la fatiga que están suscitando con su monocorde e increíble respuesta a cualquier problema y a cualquier propuesta: siempre lo ocurrido es gravísimo, siempre España está al borde de la catástrofe.

Por lo que respecta a la educación, si la ley es aprobada con el consenso alcanzado a escala política y sectorial, puede dar lugar a un largo periodo de estabilidad en las aulas, que tanta falta hace. La negociación de los últimos días ha aportado mejoras que fortalecen la ley, entre ellas aumentar la partida destinada a aplicar la reforma. Especialmente importante es el compromiso de equiparar el gasto educativo a la media europea, aunque el plazo de 10 años puede ser demasiado largo y debería contemplarse la posibilidad de acortarlo, aprovechando la bonanza de unas cuentas públicas con superávit. La falta de una dotación económica suficiente lastró la aplicación de la LOGSE: no debería repetirse el error.

Otras mejoras son que los profesores de religión estarán amparados por el Estatuto del Trabajador, se reforzará la dirección docente, y se incentivarán la cultura del esfuerzo, la integración de la diversidad o la posibilidad de que los alumnos puedan optar por una vía de habilitación profesional a los 15 años cuando no obtengan beneficio por continuar en las aulas. También se fija un porcentaje de contenidos comunes mínimos, una demanda razonable que ha sido una de las armas anti- LOE más publicitadas por el PP, aunque la enmienda siga sin parecerle suficiente.

Otros puntos de la ley plantean aún ciertas dudas. Puesto que son fruto de una negociación entre posiciones alejadas, la redacción final adolece de una cierta ambigüedad y remite al desarrollo reglamentario. La adhesión al ideario del centro no será un requisito para la matriculación, pero se dice que los alumnos "lo respetarán". Habrá que ver cómo se aplica. También queda claro que los colegios concertados no podrán establecer cuotas o donaciones para la enseñanza obligatoria, pero si se admitieran aportaciones voluntarias para actividades extraescolares, habría que vigilar que no fueran utilizadas en contra de la equidad entre el sector concertado y el público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 2005