La Guardia Civil investiga el destino de un "dinero irregular" que dio Trabajo

¿Dónde fue a parar el dinero? Esa es la cuestión que pretende esclarecer el magistrado Francisco González Maíllo, que investiga el pago de 45.556 euros por parte del Departamento de Trabajo de la Generalitat para realizar ocho informes jurídicos que se copiaron de tratados de derecho ya publicados. Los informes se adjudicaron en 1995, cuando el consejero era Ignasi Farreres, y los beneficiarios fueron militantes de Unió.

El caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona se parece como una gota de agua a otra al llamado caso Turismo, en el que se malversaron entre 1993 y 1995 casi un millón de euros procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña en la época en que lo dirigía Joan Cogul. Por ese caso acabaron condenadas 10 personas, nueve de ellas militantes de Unió Democràtica, con penas de hasta tres años y medio de cárcel por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.

La única diferencia entre uno y otro caso es el departamento de la Generalitat del que procedía el dinero, porque en los dos procedimientos se demostró que el contenido de los estudios estaba copiado. En el juicio del caso Turismo no se llegó a concretar dónde fue a parar el dinero, aunque Carme Fargas, la viuda de Cogul, insinuó que el destino fue Unió. La sentencia del caso, dictada por la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, se lamenta de que las cosas hubieran sido distintas si Fargas hubiera hecho aquellas declaraciones durante la instrucción del caso.

El mismo juez

Por ese motivo, el juez González Maíllo, que también es el mismo que investigó aquel caso, ha solicitado a la Guardia Civil que identifique a las personas y las sociedades que cobraron de las empresas adjudicatarias de los informes, Socesca y Gestumer. También reclama que se comprueben las operaciones comerciales realizadas. "Y, en definitiva, se esclarezca el destino final que se pudo dar al dinero irregularmente percibido de la Consejería de Trabajo", dice el auto judicial.

El juez explica que justifica su petición al partido democristiano "teniendo en cuenta el desarrollo de los hechos" y que este procedimiento de presunta malversación se conoció precisamente a raíz de la investigación judicial del caso Turismo.

Socesca y Gestumer fueron también dos de las sociedades beneficiadas por aquel asunto judicial y están dirigidas por Víctor Manuel Lorenzo y Santiago Vallvé, dos de los condenados por aquel proceso. Ahora el juez ha solicitado también a Unió que le informe de las fechas y los cargos de responsabilidad que hubiesen desempeñados ambos en el partido, así como el ex consejero de Trabajo Ignasi Farreres y Josep Maria Servitje, secretario general del departamento, que fue quien propuso el encargo de los informes.

El magistrado González Maíllo, atendiendo la petición que le realizó el fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, también solicita al Registro Mercantil de Barcelona que le remita la totalidad de las inscripciones de Socesca y Gestumer y que la Tesorería de la Seguridad Social certifique la lista de altas y bajas de esas empresas desde que se constituyeron, en 1994. La hipótesis que maneja la fiscalía, dados los antecedentes del caso Turismo, es que esas sociedades eran inoperantes y que únicamente actuaron como tapadera para facturar a la Generalitat.