Los partidos acuerdan prohibir las donaciones anónimas pero discrepan sobre las condonaciones

La reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que ha comenzado su andadura en el Congreso, cuenta con el acuerdo del PSOE y el PP para eliminar las donaciones anónimas. Sin embargo, esta iniciativa, nacida en un clima de consenso, se ha visto obstaculizada por la polémica de la condonación de los intereses de una deuda que el PSC tenía con La Caixa. El PSOE y ERC, partido este último promotor de la ley, insisten en defender que "las renegociaciones de créditos son legítimas y las hacen todos los partidos". El PP exige que las condonaciones figuren como donaciones, con límites.

Para Marugán (PSOE) "el mundo de la política y el de los negocios no deben andar juntos"

El pasado lunes, el Congreso decidió ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Financiación de Partidos. El PSOE invoca que algunos partidos pequeños pedían más tiempo para estudiar la reforma. El PP considera que la polémica de la deuda del PSC, en la que los populares han arremetido contra el primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Montilla, retrase sin fecha esta reforma. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha asegurado a este diario que su partido impulsará la ley y, si no hay mucha dificultad para alcanzar un consenso, su intención es aprobarla antes del verano.

- Donaciones anónimas. La última vez que se intentó reformar la financiación de los partidos fue en 1997. PP y PSOE estuvieron entonces de acuerdo, como ahora, en eliminar las donaciones anónimas. Pero cuando acudieron a hablar con los nacionalistas -esta ley, como la electoral, afecta a todos los partidos por igual y la unanimidad o el consenso muy amplio se considera imprescindible- éstos se negaron, y la reforma volvió al cajón. Allí estaba desde 1987, cuando se reguló por primera y única vez este asunto.

No obstante, incluso los nacionalistas, que tienen en las donaciones anónimas una parte muy importante de su financiación -en el caso de Unió Democrática llegó al 51% en 2002, según el Tribunal de Cuentas-, parecen dispuestos esta vez a acabar con ellas. Jordi Xuclà, representante de CiU en este asunto, asegura que su formación "está de acuerdo en eliminar las donaciones anónimas, siempre que haya consenso", aunque expresa sus "dudas constitucionales" sobre una supresión completa. A su juicio, un ciudadano, a diferencia de una empresa, tiene derecho a pedir que nadie revele su nombre cuando da dinero a un partido o a cualquier otra organización legal.

El PSOE y ERC quieren además eliminar las donaciones, incluso nominativas, de las empresas a los partidos. Francisco Fernández Marugán, diputado socialista, explica que "el mundo de la política y el de los negocios no deben andar juntos". El PP y CiU no están de acuerdo. Jaime Ignacio del Burgo sostiene que sería mejor prohibir la financiación de empresas, como las constructoras, muchas de ellas adjudicatarias de contratos de las Administraciones públicas. Aunque no todas. "En cuanto se prohíban las donaciones anónimas, las empresas estarán menos interesadas. Pero a lo mejor alguna, como en EE UU, quiere dar a todos los partidos. No se puede prohibir". "Las empresas deben poder patrocinar la elaboración de ideas y los estudios de los partidos", asegura Xuclà.

- Tope de 30.000 euros. Esquerra Republicana, cuya propuesta -casi idéntica a la que había realizado el año pasado Izquierda Verde, que también apoya la reforma- fue tomada en consideración por unanimidad, ha colocado en 30.000 euros la cifra máxima de cada donación. El tope actual es de 60.000 euros, si bien el Tribunal de Cuentas insiste en sus informes anuales de fiscalización que, precisamente porque muchas donaciones son anónimas, es imposible saber si éstas han respetado o no ese límite.

El PSOE, que asume como propia la propuesta de ERC y planea presentar sólo "enmiendas técnicas", preparó el año pasado una reforma similar en la que colocaba el tope en 150.000 euros. El PP propone que sean unos 90.000, y CiU advierte de que "30.000 es claramente insuficiente". "Será fácil ponerse de acuerdo en esto, seremos flexibles", adelanta Joan Puigcercós, presidente del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.

- Cancelación de intereses. Una disposición adicional, con la que todos estaban de acuerdo antes de la polémica sobre la condonación de intereses al PSC por parte de La Caixa, abre la puerta a las renegociaciones de créditos "según los usos y costumbres del tráfico mercantil". Ni el PSOE ni ERC quieren cambiarla. "Todo el mundo renegocia, también las empresas y los particulares, lo ha hecho el PSOE y lo hizo el PP", sentencia Fernández Marugán. "El PP utiliza el cinismo", se queja Puigcercós. "Los partidos son instituciones gobernadas por personas que a veces se meten en líos económicos. A nosotros, la anterior dirección nos dejó una deuda impagada que tenía intereses de demora de hasta el 28%. Eso es usura. Se puede renegociar todo, siempre que sea público".

Jaime Ignacio del Burgo está convencido de que "este punto puede bloquear la ley". Su partido, el PP, que antes de la polémica con el PSC no había preparado ninguna enmienda sobre este asunto, quiere ahora "dejar bien claro que condonar los intereses no es renegociar una deuda, es una donación, y como tal debe figurar, sujeta al límite de los 90.000 euros que proponemos".

CiU también pide que se contabilicen como donaciones, y que tengan un límite. "Creo que esto se va a retrasar mucho, porque el PSOE y el PSC tienen graves problemas con sus deudas", sentencia Del Burgo.

"Si el Partido Popular no la bloquea, la ley saldrá antes del verano", concluye el socialista José Blanco.