La Junta ha impugnado a Yagüe tantas licencias de obra como a Gil y Muñoz juntos

La gestión urbanística del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) apenas se diferencia de sus antecesores del Grupo Independiente Liberal (GIL). Desde que Marisol Yagüe tomó posesión de la alcaldía, en agosto de 2003, la Junta ha impugnado en los tribunales 209 licencias municipales de obras porque vulneraban el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, prácticamente la misma cantidad que las que Jesús Gil y Julián Muñoz acumularon en 12 años, 211. La Fiscalía además ha abierto diligencias contra Yagüe por incumplir resoluciones judiciales.

Uno de los primeros compromisos que la actual alcaldesa adquirió tras su toma de posesión fue que el Ayuntamiento no volvería a dar ninguna licencia de obra que vulnerara el planeamiento vigente. La realidad de sus más de dos años de mandato evidencia todo lo contrario. De las 420 licencias concedidas por el Ayuntamiento de Marbella contra las que la Junta ha presentado recurso contencioso-administrativo desde 1995, prácticamente la mitad (209) han sido concedidas por el actual gobierno.

Entre los actos recurridos hay también autorizaciones de ejecución de proyectos y permisos de primera ocupación de viviendas cuyas licencias habían sido previamente anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), bien en sentencias firmes o de forma cautelar.

Uno de los casos más llamativos fue la concesión de licencia de primera ocupación de 112 viviendas en el complejo Banana Beach el 6 de mayo de 2004, apenas 26 días después de que el TSJA declarara nula la licencia de obras de la urbanización.

Hace 15 días, la Consejería de Obras Públicas remitió a la fiscalía cinco casos similares más que afectan a más de 400 viviendas con licencias anuladas por el tribunal, a pesar de lo cual "el Consistorio ha permitido su conclusión y que actualmente se encuentren ocupadas". El equipo de Gobierno ha reconocido estos últimos hechos, que ha imputado al error de un funcionario.

En los últimos años, la Consejería de Obras Públicas ha puesto en conocimiento de la Fiscalía 120 casos de presuntos delitos urbanísticos cometidos por el equipo de Gobierno de Marbella, de los cuales 53 corresponden al mandato de Yagüe, ex militante del GIL que se mantiene en la alcaldía con el apoyo de ex concejales de esta formación y tres tránsfugas del PSOE liderados por Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde.

La alcaldesa está imputada en dos casos de presuntos delitos urbanísticos por autorizar dos promociones urbanísticas con un volumen de edificabilidad superior a lo permitido por el PGOU. En ambos casos, Yagüe alegó en su comparecencia judicial que se limitó a aprobar los proyectos de ejecución porque se ajustaban al proyecto básico, que las licencias habían sido autorizadas por su antecesor, Julián Muñoz, y que en caso de no autorizarlas podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

El pasado mes de julio, la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga instó al juzgado decano de Marbella a abrir diligencias penales contra Yagüe por no dar cumplimiento a órdenes de paralización de obras dictadas por los tribunales.

Según el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, los datos sobre impugnaciones de licencias y comunicaciones de posibles delitos "son concluyentes y demuestran que, en contra de lo que se pueda creer, las irregularidades urbanísticas en Marbella no se acabaron en Gil y este equipo de Gobierno ha hecho lo mismo, e incluso ha intensificado la comisión y el amparo de ilegalidades".

En numerosas ocasiones desde que está al frente de la alcaldía, Yagüe ha sido conminada por la consejería a revocar todas las licencias de obras concedidas por el consistorio contrarias al PGOU vigente, de 1986, y a dar cumplimiento a las órdenes de paralización cautelares dictadas por el TSJA, con la advertencia de que si no lo hacía podía incurrir en presunto delito de prevaricación urbanística y de desobediencia a resoluciones judiciales.

La Junta recuerda que el acatamiento de la legalidad urbanística fue una de las condiciones bajo las que en enero de 2004 firmó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo PGOU de la ciudad. Para Ruiz Povedano, "hay un manifiesto y reiterado incumplimiento del convenio".

Planificación

Las desavenencias entre Yagüe y la consejería se han recrudecido en los últimos días, una vez que ha concluido el plazo de información pública del documento de avance del PGOU elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras y avalado por la administración autonómica. El coordinador municipal del plan, Arturo Moya, dijo el miércoles que el plan es "inasumible" para el consistorio porque las medidas de normalización propuestas supondrían un coste de 6,5 millones de euros, y un día más tarde la alcaldesa abogó por la elaboración de un nuevo documento.

La cuantificación municipal ha sido desmentida tanto por el redactor del plan como por la Consejería de Obras Públicas. Para la Junta, dar esa cifra desorbitada que es "inventada" forma parte de la estrategia municipal en contra del plan. La Junta se queja de que aún no se haya entregado en la comisión mixta entre ambas instituciones las 2.590 sugerencias recibidas al plan durante el período de información pública y que Moya aseverara que estas aportaciones "han enriquecido el documento".

La ordenación y estudio de las sugerencias corresponden al equipo redactor y el examen y admisión de las mismas debe realizarla la comisión técnica de la que forman parte un representante del Ayuntamiento y otro de la consejería.

"El Ayuntamiento ha puesto en marcha una estrategia golpista para frenar un desarrollo urbanístico democrático y que la ciudad se dote de una ordenación igual a la que tienen todos los municipios andaluces", asegura Ruiz Povedano. El delegado insiste en que Yagüe solo persigue "tener coto libre para continuar el urbanismo a la carta que se ha practicado en Marbella desde hace 14 años".