Financiación, dos caras para la misma moneda

El pasado martes los grupos socialista y de Izquierda Unida pactaron un texto sobre la financiación de la comunidad en la ponencia de reforma del Estatuto andaluz en el que se defiende el principio de igualdad, el cual garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a las mismas prestaciones vivan donde vivan. Los firmantes del acuerdo no dudaron en asegurar que el texto dista "180 grados del modelo catalán", opinó el socialista Manuel Gracia, y es "la mejor respuesta" a la propuesta redactada en Cataluña, dijo Concha Caballero (IU). Los expertos ven dos diferencias fundamentales entre ambos textos. El catalán apuesta, aseguran, "por el soberanismo fiscal" y la bilateralidad en su relación con el Estado; el andaluz, por la igualdad y la multilateralidad para fijar el sistema.

El documento acordado por las dos formaciones de izquierda no es un texto cerrado y es seguro que sufrirá modificaciones en la recta final del debate estatutario.

Los expertos aprecian claras diferencias entre los textos andaluz y catalán. Básicamente señalan dos: el primero convierte en elementos predominantes la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos y la negociación en un foro común (multilateralidad) del sistema de financiación. El catalán apuesta por la bilateralidad y busca su equiparación con el sistema de concierto del País Vasco y de Navarra. "La comparación de este texto consensuado en Andalucía, con el proyecto de nuevo Estatuto catalán permite reconocer diferencias cualitativas entre ambos", afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz-Rico, quien asegura: "La multilateralidad y la solidaridad no condicionada" del texto andaluz "se sustituye en el proyecto catalán por una bilateralidad difícilmente compatible con los límites estatutarios que derivan del marco constitucional". Y añade: "La aspiración explícita del texto enviado por el Parlamento de la Generalitat, de equipararse al modelo de concierto vasco representa también una clara contradicción con la Constitución, donde este sistema de financiación queda circunscrito a País Vasco y Navarra".

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, José Sánchez Maldonado, asegura que el documento acordado por PSOE e IU es "de sentido común" por cuanto plantea e principio de igualdad "entre todos los ciudadanos", mientras que la propuesta catalana "no garantiza" ese derecho.

El documento del PSOE e IU incluye en la definición de los principios generales el de la "neutralidad interterritorial cuando la carga tributaria global sea la misma". Ruiz-Rico asegura que este nuevo principio "no atendería a la recaudación en cada territorio, sino más bien a las obligaciones fiscales del conjunto de ciudadanos establecidas en el artículo 31 de la Constitución". Fuentes del Gobierno andaluz admiten que con este concepto se quiere expresar el rechazo a establecer un sistema de financiación basado en el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y que se ha incluido una redacción "imprecisa" por razones de oportunidad política.

En cuanto a la agencia tributaria andaluza los expertos también ven diferencias fundamentales entre los dos modelos. La catalana, según el artículo 205 del proyecto de reforma, recaudaría todos los impuestos y posteriormente establecería unas devoluciones al Estado. La proyectada en Andalucía se refiere más a aspectos de mejora organizativa "pero no es una herramienta" para recaudar el dinero del Estado, aseguran las citadas fuentes. "La creación de la Agencia Tributaria andaluza tiene una finalidad orientada más bien a la eficacia y buena gestión tributaria", opina el constitucionalista jiennense.

En cuanto a los aspectos incluidos en el texto andaluz en el artículo 119, a iniciativa de Izquierda Unida, de asegurar los ingresos de la comunidad con independencia de las vicisitudes de las relaciones políticas entre los Gobiernos central y autonómico, Sánchez Maldonado aplaude su inclusión en el texto estatutario por cuanto supone una vía de "garantía de lealtad constitucional".

Esas cláusulas vienen recogidas en la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y lo que hacen los redactores de la propuesta es "reforzar lo obvio y darle rango estatutario".