Fin de la tregua política en Galicia

Hasta anteayer Galicia parecía el contrapunto a la crispación política nacional. Tras perder el poder que disfrutó durante 15 años, el PP respetó la tradición de conceder 100 días de gracia al nuevo Gobierno de socialistas y nacionalistas. Los populares bastante tenían con lamerse las heridas y gestionar la batalla interna para elegir un sustituto de Manuel Fraga. "Vamos a estar bastante tiempo sin oposición", repetían los dirigentes de PSdeG y BNG. Hasta anteayer, cuando el PP movilizó a más de un centenar de alcaldes para manifestarse ante el Parlamento gallego y la protesta derivó en la mayor bronca que se recuerda en la historia de la Cámara.

Tras el escándalo vivido el pasado miércoles, ayer llegaron los reproches y los anuncios de nuevas acciones. El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, emplazó al PP a que "asuma plenamente el veredicto" de las elecciones autonómicas de junio y evite las "tentaciones populistas". El PP reaccionó con un escrito a la presidenta del Parlamento, la también socialista Dolores Villarino, en el que exige que pida disculpas por haber comparado la actitud de los diputados y alcaldes populares con el golpe del 23-F. Si Villarino no rectifica -y ayer no lo hizo-, el PP amenaza con emprender acciones judiciales contra ella.

Los alcaldes del PP, que forcejearon con la policía para superar la valla exterior que protege la entrada al Parlamento, estaban protestando por lo que Touriño considera una simple medida de "higiene democrática". Hace unos días, el consejero de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, decidió paralizar un plan de 245 obras, con un presupuesto de 34 millones de euros, que el Ejecutivo de Fraga aprobó en medio de la campaña electoral. Suárez alegó que el plan respondía a criterios "caciquiles". El 91% de las obras, sostiene, eran para pequeños municipios gobernados por el PP, y entre ellas había proyectos que escapaban de las atribuciones de esa consejería, como la construcción de piscinas o la remodelación del entorno de un parador de turismo.

Los regidores del PP lo interpretaron como una discriminación y sus declaraciones subían de tono desde hace días. En la dirección gallega del PP aseguran que se limitaron a canalizar la indignación de sus alcaldes. Un centenar de ellos, arropados por otros cargos del partido, entre ellos tres senadores, se presentaron el miércoles en el control de acceso al Parlamento con pancartas y pegatinas.

Cuarenta tenían invitaciones para el pleno, en el que iba a comparecer Suárez, pero la presidenta decidió retirárselas alegando que su actitud era coactiva. La bronca se prolongó varias horas y derivó en un plante de todo el grupo parlamentario popular después de que Villarino evocase el 23-F. El escándalo concluyó con una insólita estampa: los diputados del PP manifestándose en la calle junto a los alcaldes, con los ex vicepresidentes de la Xunta Alberto Núñez Feijoo y Xosé Manuel Barreiro a la cabeza, megáfono en mano.

Los incidentes ocurrieron en ausencia de Fraga. El ex presidente de la Xunta dijo ayer que le "da risa" que socialistas y nacionalistas critiquen ahora ese tipo de protestas, y recordó su experiencia personal durante el golpe del 23-F: "Comparar lo que pasó aquí con aquello está fuera de toda medida".

En el escrito en el que exige disculpas a la presidenta de la Cámara, el PP dice que "se reserva" el "ejercicio de acciones ante los órganos jurisdiccionales y constitucionales". A pesar de todo, Fraga aseguró: "Nuestro interés por el follón es muy relativo".