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LA FERIA DEL URBANISMO

Blasco ve razonable la recomendación europea de suspender los PAI que reclasifiquen suelo rústico

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, consideró ayer "razonable" la recomendación de la Unión Europea de suspender la tramitación y aprobación de Programas de Actuación Integrada (PAI) amparados en la Ley Reguladora de Actuaciones Urbanísticas (LRAU), hasta que se apruebe la LUV.

Blasco afirmó, en los pasillos de las Cortes, que el Consell será "sensible a esa recomendación" que, según dijo, "está contemplada en la LUV", pero recordó que los planteamientos que hacen las instituciones europeas en este tipo de cuestiones "no tienen carácter vinculante".

"No va a haber ninguna aprobación de PAI que contemple algunas decisiones contradictorias con la LUV", aseguró el consejero, quien afirmó que la voluntad de Europa es que en el período de transición entre una ley y otra "no haya una proliferación de actuaciones urbanísticas que puedan desvirtuar" la nueva normativa.

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En este sentido, señaló que la actitud que va a tener la Generalitat será la misma que ha venido manteniendo en los últimos tiempos y que supone ser "especialmente receptivos a cualquier recomendación que venga de Europa", aunque, insistió, se trate de unas recomendaciones "que no tienen carácter vinculante".

Para el responsable de Territorio y Vivienda, lo que la Unión Europea ha hecho es "descalificar la LRAU que promulgó el gobierno socialista".

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Mientras, los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas se congratularon por la decisión europea de reclamar al Consell la paralización de reclasificaciones de suelo hasta la derogación de la LRAU. El portavoz socialista Adolf Sanmartín indicó en los pasillos de las Cortes que la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo "ha dictado sentencia y ha condenado no sólo a Blasco, sino a todo el Consell por cometer toda una serie de abusos urbanísticos en los últimos 10 años". Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Entesa, Joan Ribó, añadió que su grupo reclamaba al Consell este extremo como "condición imprescindible" para pactar una nueva ley urbanística.

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