La familia de una víctima del Putxet reclama al Estado una indemnización

Los familiares de Maria Àngels Ribot, una de las dos mujeres asesinadas en el barrio del Putxet de Barcelona en 2003, han presentado una reclamación ante el Ministerio de Economía en la que solicitan el pago de 54.144 euros como víctimas indirectas del delito. La petición está amparada en la ley de 1995 que prevé una indemnización del Estado en los casos de delitos violentos y agresiones sexuales.

Juan José Pérez Rangel fue condenado en diciembre del año pasado por la Audiencia de Barcelona a 52 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Maria Àngels Ribot y el de María Teresa de Diego, ocurridos en un aparcamiento de la calle de Bertran de la ciudad en enero de 2003. La misma sentencia, dictada por el magistrado Gerard Thomas, condenaba a Pérez Rangel a indemnizar con diversas cantidades a los familiares de las víctimas en concepto de responsabilidad civil. En el caso de la familia de Ribot, los importes fijados eran de 150.000 euros para el marido y de 60.000 euros para cada uno de los tres hijos que vivían con el matrimonio.

Como suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos, la pena económica nunca se llegó a materializar porque el condenado no puede hacer frente a ella. Sin embargo, ha de ser el tribunal sentenciador el que declare la insolvencia del condenado, como ocurrió en el caso de Pérez Rangel el pasado 13 de julio.

Dos requisitos

Cuando se dan los requisitos de sentencia firme e insolvencia del condenado, los familiares pueden acogerse a la ley de 1995 pensada para las "víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental". La ley también establece que podrán beneficiarse de esas ayudas las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, aunque no haya habido violencia. Y es al amparo de esa ley como la familia de Ribot ha presentado su reclamación ante el Estado y solicita la cantidad máxima permitida en la ley, 54.144 euros.

La familia argumenta que tanto el esposo como tres de los cuatro hijos del matrimonio tenían una dependencia económica de la mujer asesinada y que no han recibido ninguna ayuda desde que sucedieron los hechos ni tienen medios para lograrla. También exponen que no hay ninguna duda de que el crimen de su esposa y madre fue muy violento, pues la mujer fue intimidada con una navaja o cuchillo por su agresor y después le produjo diversas heridas con esa arma blanca en el abdomen y la zona costal. La víctima también sufrió varios golpes en la cabeza, propinados con la intención de matarla, con un martillo de base cuadrada de los utilizados por los encofradores. Los golpes recibidos por Maria Àngels Ribot le provocaron fracturas de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que falleció a los pocos segundos de ser agredida por Pérez Rangel.