La Junta defiende un nuevo cambio de la Ley del Suelo en menos de un mes porque la "aclara"
El PP califica la modificación de "bajada de pantalones" para "proteger a los poderosos"
La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, defendió ayer en el Parlamento una nueva modificación de la Ley del Suelo, después de que promotores y empresarios pusieran el grito en el cielo por las limitaciones del sector. Cuando no hace ni un mes que la Cámara aprobó el proyecto, mediante una proposición de ley el PSOE le da otra vuelta al texto, de forma que se suprime la referencia a los usos turísticos, y se exime de la cesión del 30% del suelo para VPO a las zonas de baja densidad. El PP, aunque aplaudió la marcha atrás, la calificó de "bajada de pantalones".
Concha Gutiérrez, que compareció a petición del PP, pasó prácticamente de largo sobre las variaciones y gastó sus tres turnos en repetir una vez más las bondades que a su juicio tiene la ley, ya que da respuesta a la necesidad de vivienda, dijo, frente al modelo "especulativo del PP". Tan sólo de pasada, explicó que la reforma "refuerza y clarifica" el proyecto que llevó su departamento a la Cámara, al tiempo que calificó tales cambios de "magníficos"
El grupo socialista registró en la tarde del martes una proposición de ley con la que pretende subsanar lo que el portavoz socialista, Manuel Gracia, llamó "errores": un paquete de tres enmiendas que el PSOE introdujo en el trámite parlamentario en comisión, relativas a los usos turísticos del suelo, la eliminación de exenciones en la cesión de terrenos para vivienda protegida y cambios a la Ley de Comercio. Promotores y empresarios se pusieron en pie de guerra. El propio Gobierno también consideró las enmiendas inconvenientes al afectar al volumen de empleo que genera tanto la construcción como el turismo.
El nuevo texto suprime la regulación que hace referencia al uso global turístico. En su lugar, se detalla más el uso residencial del suelo: "Cuando se implanten usos residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y el tipo de vivienda que se construya, la ordenación urbanística debe garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población, incluyendo las reservas del 30% de la edificabilidad residencial, aun en las denominadas residencias turísticas".
No obstante, se señala que el Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretas que tengan una densidad inferior a 15 viviendas por hectárea. Asimismo, se establece que el Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Para estos casos se requerirá un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
La proposición de ley modifica también una disposición de la Ley de Comercio Interior de Andalucía para que en caso de la localización de grandes establecimientos comerciales sea necesario que el planeamiento urbanístico general se someta a informe no vinculante de la Consejería de Turismo, y no de Obras Públicas, el cual versará exclusivamente sobre la adecuación al Plan Andaluz de Orientación Comercial previsto en esta ley.
Los populares aplaudieron que la Junta haya dado marcha atrás cuando ni siquiera hace un mes que se aprobó la ley, aunque estimó la reforma insuficiente. El portavoz del PP, Jorge Ramos, criticó con dureza que se mantenga la posibilidad de que la Junta asuma las competencias urbanísticas de los ayuntamientos que "incurran en incumplimientos graves", y afirmó que, con esta "intromisión", a los ayuntamientos se les somete a "estado de sitio" y se les "manosea". Ramos ofreció la ayuda y la colaboración de su grupo para "rectificar" también este punto, que considera "una auténtica barbaridad".
Ante las palabras de la consejara de agradecimiento a agentes sociales y municipios por el apoyo a la ley, Ramos ironizó: "No sé de dónde sacan la comunión con promotores y ayuntamientos, que han dicho en todas partes que nos le gusta la ley. Se han bajado los pantalones ante los empresarios, no cambian la ley para proteger a los desfavorecidos, sino a los poderosos".
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