La Cámara propone la contratación preferente de las víctimas de violencia machista en las empresas públicas

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad el informe elaborado por el grupo de trabajo sobre violencia de género y las propuestas de actuación para su erradicación, que incluyen 41 conclusiones y propuestas como la contratación "preferente" de las víctimas en las empresas públicas de la Junta, la puesta en marcha de campañas de sensibilización encaminadas a fomentar la "repulsa social" contra el maltratador y la demanda de dotación financiera suficiente para la futura Ley andaluza contra la Violencia de Género.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, se felicitó ante el pleno por el hecho de que los grupos hayan sido capaces de "escribir la palabra consenso político con mayúsculas" para apoyar el dictamen y confió en que este clima se mantenga para que la futura Ley Integral andaluza contra la Violencia de Género se apruebe "con los menores obstáculos posibles", para lo que se mostró "abierta a incluir" propuestas de la oposición.

En este sentido, Navarro asumió el compromiso de garantizar dotación económica para las medidas previstas en la futura norma y animó a los grupos parlamentarios a "ser exigentes" en su cumplimiento pero "con prudencia", ya que puso de manifiesto que "si hay una ley difícil en su redacción y desarrollo, es precisamente esta". El dictamen del grupo de trabajo defiende como "medida inicial" el desarrollo de una "política integral contra la violencia de género, que no deje ni un resquicio de permisividad para los agresores, y proteja con absoluta integridad a las mujeres", que a continuación concreta en 41 conclusiones y propuestas resultado de la labor desarrollada por el grupo de trabajo durante el último año.

El informe distingue hasta ocho ámbitos de actuación para erradicar la violencia de género: educativo; sensibilización, medios de comunicación y publicidad; ámbito judicial y de seguridad; atención sanitaria; empleo; lucha contra las causas estructurales y económicas de la violencia de género; atención a las víctimas; y financiación.

En el apartado educativo, se proponen medidas como "eliminar de los libros de texto y los materiales educativos que se publiquen en Andalucía el lenguaje sexista y todo contenido o imagen discriminatoria para las mujeres" o "incluir en los contenidos mínimos de educación infantil, primaria y secundaria aprendizajes de aspectos básicos de la vida cotidiana que posibiliten la autonomía personal, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y el desarrollo de conductas no violentas".