Fernández dice que su acusación fue una represalia de Gil por negarse a tapar el 'caso Atlético'

El concejal del PA en Marbella Carlos Fernández explicó ayer al jurado popular que le juzga por malversación que la denuncia origen de la causa la presentó el ex alcalde de Marbella Jesús Gil como represalia a su negativa a firmar unos documentos en blanco para dar apariencia de legalidad a la relación entre el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella. Fernández, que fue concejal de Deportes en el equipo de Gobierno de Gil, negó haberse quedado con dinero de las nóminas de los futbolistas del San Pedro, con los que insistió en que no negoció sus contratos.

Durante su declaración en la vista oral, Fernández negó haberse quedado con más de 79.000 euros de dinero de los jugadores del San Pedro en la temporada 1997-98, cuando era presidente del club y concejal de Deportes, y aseguró que la acusación forma parte de una "persecución política".

En el proceso están también acusados el que fuera entrenador del equipo, Ramón Heredia, y un ex funcionario del área de Deportes, Antonio de Sola. Para cada uno de los tres, la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Marbella solicitan cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

Fernández, que fue concejal del Grupo Independiente Liberal entre 1991 y 1998, contó que en febrero de ese último año, el entonces alcalde, Jesús Gil, le dijo que "había que intentar regularizar la esponsorización del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid" y le pidió que firmara unos documentos en blanco que tenían membrete de ambas entidades y que José Luis Sierra, abogado personal del ex alcalde, ya los rellenaría porque "hacían falta para una causa".

El juez Santiago Torrres ya había iniciado entonces la investigación del desvío de dinero del Ayuntamiento al Atlético de Madrid, que también presidía Gil, y que a la postre acabó con una condena a 28 años de inhabilitación por la que se vio obligado a abandonar la alcaldía en 2002.

Según el relato de Fernández, Gil fue cada vez más insistente con el asunto, hasta que un día le convocó a una reunión con el entonces entrenador del San Pedro y ocho jugadores del equipo en la que éstos aseguraron que no habían cobrado todo el dinero que le correspondía de sus contratos. "El primer sorprendido fui yo, que no entiendo como les faltaba dinero cuando en ocho meses no habían reclamado nada", dijo, y recordó que todos los futbolistas firmaron un recibo con las cantidades pagadas. "No conozco a nadie que firme un recibí de algo que no percibe", insistió.

Ya a solas, según el relato de Fernández, Gil le dijo que "la única forma de arreglar el asunto era que firmara esos documentos, y así seguiría siendo concejal".

Fernández contó que volvió a negarse a las pretensiones del alcalde. "Le dije que no había hecho nada de lo que me tuviera que avergonzar y que no tenía nada que tapar, y a partir de ahí empezó una campaña de nueve años de persecución". "Los hechos ocurrieron como los estoy contando", insistió, y apostilló: "Jamás voy a reconocer lo que nunca he hecho, y lo fácil hubiera sido admitirlo aunque fuera falso por no soportar el calvario de estos ocho años, sobre todo a mi familia".

Gil destituyó a Fernández, que abandonó el GIL, y le denunció por malversación. Según Fernández, la policía local le impidió retirar sus efectos personales del despacho de concejal y el acoso llegó a un punto en que se vio "obligado" a vender su casa en Marbella y trasladarse a vivir con sus padres a Málaga.

El abogado defensor del actual concejal del PA, Juan García Alarcón, consideró como prueba de la persecución política de su defendido que este es el único caso en el que el Ayuntamiento de Marbella se ha personado contra un concejal de la corporación, pese a todas las irregularidades que ha habido, y que no lo ha hecho por ejemplo en el caso de los 60.000 millones de pesetas de gastos injustificados que ha detectado el Tribunal de Cuentas y que sí han dañado el patrimonio municipal.

Para demostrar la buena gestión de Fernández, mostró una reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que declara responsables contables directos de 11.419 euros no justificados de la sociedad Actividades Deportivas 2000 al ex alcalde Julián Muñoz y otros dos consejeros delegados de la empresa municipal, y que exime al actual edil del PA.

Según Fernández, los fichajes de los futbolistas fueron negociados por el entrenador, Ramón Heredia, de quien dijo se fiaba de sus criterios futbolísticos y en el que tenía confianza porque entre otras cosas mantenía una relación "muy estrecha" con Jesús Gil, que "lo supervisaba todo". "En Marbella no se movía un solo documento sin autorización del alcalde", afirmó.