Aguirre alardea de haber cumplido su promesa de reducir las listas de espera
La oposición acusa a la presidenta de la Comunidad de amañar los datos
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura que ha cumplido con una de sus promesas estrella: que ningún madrileño espere más de 30 días para ser operado quirúrgicamente. Todo comenzó en un debate electoral celebrado en Telemadrid, el 9 de mayo de 2003, cuando anunció por sorpresa que dimitiría de su cargo si a los dos años de estar al frente del Gobierno regional- fecha que se cumple hoy- había un solo madrileño que esperase más de 30 días para ser operado. La oposición (PSOE e IU) asegura que Aguirre no ha cumplido y que maquilla los datos mediante una ingeniería contable basada en excluir artificiosamente a miles de pacientes de la lista de espera.
La presidenta explicó ayer que, a efectos de su dimisión, no computan ni los enfermos que rechazan el hospital privado concertado que les ofrece la Consejería de Sanidad ni los que están en situación transitoriamente no programable (TNP), es decir, aquellos que "no se pueden operar porque en ese momento tienen la tensión alta o un catarro, ni los que rehúsan ser operados porque va a llegar una hija suya que vive fuera, porque no les conviene en el mes de julio o porque no quieren hacerlo tan cerca de Navidad".
En esa situación hay ahora más de 21.000 pacientes, según admitió ayer el consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Lo curioso es que estos pacientes, a los que les había surgido un imprevisto y por ello eran eliminados de la lista de espera, eran tan sólo 2.941 el 30 de junio de 2004. Lamela aprobó un nuevo sistema de cómputo llamado Registro Unificado de Listas de Espera Quirúrgica y una nueva definición de lista de espera estructural. Esta nueva legislación, que la oposición califica de "ingeniería contable" fue la que hizo posible que los 2.941 pacientes que se hallaban en esa situación de "imprevisto" -y por tanto no computan- se quintuplicasen en tan solo nueve meses. Es decir, eso que la oposición llama "el limbo de las listas de espera" (pacientes que teóricamente no están en lista de espera, pero que en realidad sí lo están) pasó de tener 2.941 pacientes el 30 de junio de 2004 a 13.477 en marzo de 2005. Pasó de un 6,04% al 37,85% del total de pacientes.
El 31 de marzo de 2004, el Ejecutivo autonómico anunció una inversión de 113 millones de euros para poner en funcionamiento su Plan Integral de Reducción de Listas de Espera Quirúrgica.
Fuentes de la dirección del PP en Madrid admiten que Aguirre se equivocó al hacer su promesa porque la hizo en términos absolutos, en lugar de especificar que se refería a la demora media. El dato clave al que se refería la promesa electoral de Aguirre se denomina demora máxima. Ésta experimentó, a partir de diciembre de 2004, un espectacular descenso hasta alcanzar los 79 días, que se redujeron a 50 en marzo de 2005 y a 30 días en junio y septiembre pasados.
Con estos datos, Lamela anunció el 14 de julio pasado que se había adelantado cinco meses el cumplimiento del compromiso de Aguirre. Entonces explicó que había que distinguir entre los pacientes en lista de espera estructural de los que no han culminado el preoperatorio o que se encuentran a la espera del visto bueno definitivo del anestesista y los que rechazan ser operados en un hospital privado concertado. Es decir, introducía nuevos elementos de cálculo que no existían en el momento en que Aguirre realizó su promesa.
El sistema fue cuestionado por el Ministerio de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial del pasado 5 de octubre. El ministerio considera que Madrid ha creado un sistema de gestión de la lista de espera que incumple la normativa estatal y que reduce artificiosamente los enfermos incluidos en la lista y el tiempo que esperan para ser operados. Madrid incumpliría, según el ministerio, el real decreto 605/2003, que es "al que se atienen el resto de comunidades".
![José Corredera enseña los papeles que demuestran que lleva desde el 8 de agosto esperando a ser intervenido quirúrgicamente.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/O3KZC2IAQGET5K4EQ27XWXJRSQ.jpg?auth=e54367c03482b4d394187d64d9d7c68ccb04a279de22d1149a94ea8adcc0f7df&width=414)
"Están los que deben"
Esperanza Aguirre hizo ayer su particular balance de la situación: "En la lista están los que se quieren operar y hasta ahora tenían una lista de espera de varios meses". Y, luego matizó: "Es evidente que si no se les puede operar, si no pueden operarse, o si quieren que le operen en el hospital suyo, que está cerca de su casa, en el que conocen al médico y no quieren ser derivados a la empresa privada, oiga, ésta no es mi obligación".
La presidenta también aseguró que en este proceso de reducción de los tiempos de demora "no se quita a nadie de la lista de espera". En las cuentas de Aguirre no computan ni los enfermos que rechazan el hospital privado concertado que les ofrece la Consejería de Sanidad para ser intervenidos quirúrgicamente y dicen "no gracias", según explicó Aguirre, ni a los que se encuentran en situación transitoriamente no programable (TNP), es decir, aquellos que, según la presidenta, "no se pueden operar porque en ese momento tienen la tensión alta o tienen un catarro".
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