El PP asume que esta legislatura no hará la Ciudad de la Justicia de Alicante e instala un 'parking' en el solar

Los terrenos del antiguo cuartel de Benalúa de Alicante, donde la Consejería de Justicia tiene previsto construir la segunda fase de la Ciudad de la Justicia, se cederán a una empresa privada para que lo explote como estacionamiento de vehículos. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Alicante, propietario del suelo, asumen que las obras no comenzarán antes de que termine la legislatura.

Hace justo un año, el consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Miguel Peralta, afirmó que su departamento estaba pendiente de que el Ayuntamiento ultimara "la tramitación de la cesión del terreno" para iniciar la licitación de las obras, cuyo inició estimó para 2005.

El gobierno municipal alicantino, del PP, aprobó ayer la convocatoria de un concurso para contratar el uso y explotación provisional del citado solar, de 26.900 metros cuadrados, para estacionamiento de vehículos. El canon fijado sólo asciende a 150.000 euros anuales. El contrato es por dos años, prorrogable en periodos semestrales, hasta un máximo de cuatro.

Según la propuesta municipal, la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó en diciembre de 2004 el Plan de reforma interior de mejora (PRI) de la Ciudad de la Justicia de Alicante, pero más tarde, la Consejería de Justicia solicitó un incremento del aprovechamiento edificable de la parcela. "Ello determinaría la tramitación de la correspondiente modificación de planeamiento, cuyo plazo previsible, junto con el necesario para la tramitación de los instrumentos de ejecución, puede cifrarse en 18 y 24 meses", indica el acuerdo.

La polémica ha envuelto el solar del viejo cuartel de Benalúa desde que el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, decidió comprarlo en 1998. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló en parte el acuerdo por el que el Ayuntamiento decidió vender, mediante subasta pública, cuatro parcelas municipales de gran valor inmobiliario en la Playa de San Juan para financiar inversiones municipales, entre otras, la adquisición del viejo acuartelamiento de Benalúa. El Ayuntamiento, con el dinero obtenido de la venta de las parcelas, compró el cuartel al Ministerio de Defensa por 3.738.295 euros. Según el TSJ, el Ayuntamiento, con el dinero obtenido de la venta de las parcelas, no debió adquirir el cuartel de Benalúa.