París / Madrid

El Gobierno regional se equivocó cuando creó la Consejería de Inmigración y se equivoca ahora cuando pretende venderla a la opinión pública informando de cuánto se van a gastar, en iniciativas trasnochadas y asistencialistas como son los Centros de Atención Social a Inmigrantes y los futuros Centros de Participación e Integración (a semejanza de las casas regionales).

Cualquier sistema contable que se utilice demostrará que el balance de las aportaciones que hacen los inmigrantes al bienestar colectivo de la Comunidad de Madrid es siempre positivo, crean más y mejor riqueza colectiva de la que consumen.

En principio, ni como ciudadanos, ni como trabajadores deberían ser objeto de políticas diferenciadas.

Son colectivos muy diversos entre sí por origen, cultura, intereses, motivaciones y capacidades, pero todos ellos idénticos como madrileños en cuanto contribuyentes, beneficiarios o deudores de cualquier intervención administrativa.

La Agencia para la Inmigración, que parece la panacea, un órgano administrativo de bondad intrínseca, gran benefactor de los inmigrantes, puede convertirse en un órgano de gestión tan específico que contribuirá a aislar, todavía más, la política inmigratoria del resto de políticas autonómicas de integración.

En materia tan sensible como la inserción social de los inmigrantes, la intervención pública debe ser menos efectista y más efectiva que la que ha ejercido hasta ahora la Administración autonómica.

Habrá de ser discreta y eficiente, para que la propia sociedad asuma el reto de acoger a los inmigrantes, y nos adaptemos al cambio que necesariamente provocará su presencia entre nosotros, encontrando entre todos nuevas formas, más diversas, de resolver los conflictos de la convivencia cotidiana.

Ésta es la única forma de evitar los guetos económicos y la discriminación institucional que están en el origen de los actuales disturbios urbanos en las ciudades francesas y europeas.