Las acusaciones del PP ponen a Barroso y Kroes contra las cuerdas

Las graves acusaciones de los dirigentes del Partido Popular sobre la decisión de Bruselas en la OPA de Gas Natural sobre Endesa están creando un serio malestar en medios comunitarios. Ángel Acebes, secretario general, y Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía, lanzaron el pasado fin de semana graves sospechas sobre la actuación del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y la comisaria Neelie Kroes, por haber decidido finalmente que sean las autoridades españolas las que examinen la operación. Los dirigentes conservadores relacionaron la renuncia por parte de Bruselas a analizar la operación con las negociaciones sobre los fondos que percibe España de la UE.

Las acusaciones del PP se produjeron después de que trascendiera que Barroso había volado a Madrid el pasado 6 de noviembre, en un avión ofrecido por el Gobierno español, para entrevistarse con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En la reunión se abordaron los principales asuntos de la agenda comunitaria que afectan especialmente a España, "las perspectivas financieras (el marco de los presupuestos comunitarios 2007-2013), la inmigración, las reglas sobre las fusiones y el caso Gas Natural-Endesa", según manifestó Pia Ahrenkilde, portavoz adjunta de la Comisión Europea.

Sin embargo, el calado de las insinuaciones del PP pueden suponer "una acusación de prevaricación, como si Bruselas no hubiera resuelto el caso según criterios estrictamente técnicos sino a cambio de otros intereses", señala una fuente comunitaria. La acusación ha creado perplejidad y desconcierto en medios próximos a los propios populares europeos, que no comprenden que desde las filas conservadoras se haya producido un ataque a Barroso, "que es uno de los nuestros".

Acusación a los conservadores

Fuentes comunitarias insistieron en la normalidad del uso de aviones de los Estados miembros, dado que la Comisión Europea carece de avión propio. En este sentido, indicaron como ejemplos recientes el viaje a Indonesia, a raíz del tsunami, con un avión del presidente luxemburgués, Jean-Claude Juncker, otro desplazamiento entre Bratislava y Varsovia y otra ocasión en que Barroso fue invitado por el primer ministro holandés Jan Peter Balkemende a raíz de una visita a Holanda, cuando este país ostentaba la presidencia.

La insólita reacción del Partido Popular añade nuevas sospechas sobre las acusaciones de politización del caso, en las que precisamente este partido aparecía como el principal muñidor. En este sentido, cabe recordar las preguntas en el Parlamento Europeo dirigidas a la comisaria Neelie Kroes, por parte del eurodiputado socialista Antonio Masip, en las que pedía a la responsable de la Competencia de la UE, si se había entrevistado con Loyola de Palacios, dirigente del PP, anterior comisaria europea de Transportes y Energía y actualmente coordinadora de la UE para la red Transeuropea del Transporte. Kroes nunca contestó a esta pregunta a pesar de la insistencia de Masip.

Masip manifestó a finales de octubre que "había llegado el momento de que Kroes deje de tramitar y decidir este asunto en el que parece partidaria de zanjarlo mediante criterios de contabilidad creativa". Luego, Martín Schulz, presidente de los socialistas en el Parlamento Europeo, solicitó a Barroso que "traslade el dossier a otro comisario (distinto de Kroes) o que decida él mismo".

Las contradicciones y el inexplicable retraso en la decisión por parte de la comisaria han levantado sospechas. La OPA fue anunciada por Gas Natural el 5 de septiembre. Tres días después, tanto el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, como el de Energía, Rupert Krietemeyer, coincidieron en señalar que "a diferencia del intento de compra de Gas de Portugal por Electricidad de Portugal y ENI, prohibida por la Comisión, el análisis de la oferta de gasista correspondía a España".

El 19 de septiembre, Endesa solicitó a Bruselas que analizase la operación por estimar que era de ámbito comunitario ya que sólo tiene el 64% de su actividad en España, es decir, menos del 66% que exige la norma. El 22 de septiembre, Todd, dijo que la respuesta "era de cuestión días", pero se inician aplazamientos inexplicables, amparados en la complejidad técnica.

Los expertos se preguntan sobre la capacidad de una comisaria que precisa más de 50 días en acordar un aspecto formal y contable si luego dispone de un mes para decidir sobre el asunto de fondo. Al final Kroes rechazó los "ajustes" de Endesa. Para los socialistas los retrasos sólo se explican por las presiones del PP. "La prueba de que con las reglas vigentes el asunto corresponde a España es que la comisaria ha propuesto cambiar las normas", señala Masip.