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Tribuna:OPINIÓN | Apuntes

La segunda misión de las universidades

En algunos ámbitos, universidad es sinónimo de enseñanza superior; las otras actividades que se realizan en su seno de algún modo se consideran secundarias o periféricas, a pesar de que cada día es mayor su reconocimiento y exigencia por parte de la sociedad. Éste parece ser también el caso de las leyes que rigen las universidades. Así, la Ley Orgánica de Universidades casi no habla de la investigación; tampoco lo hace la reforma de la LOU ni lo hacía en mayor medida la LRU. Ello se puede considerar como un olvido, intencionado o no, o como un motivo de júbilo si tenemos en cuenta que, en general, la reglamentación de algunas actividades suele hacerlas más complejas en vez de impulsarlas, por muy buena que sea la intención de políticos y legisladores. Ésta es una de las paradojas que afectan a la investigación universitaria.

En la actualidad se habla mucho de la "tercera misión" de las universidades, a saber, la transferencia de conocimiento y, en general, todo aquello que implique proyectar en la sociedad la I+D+i y otras actividades universitarias, como las culturales y sociales. Pareciera que hasta hace poco las universidades no se han proyectado en la sociedad, como si la formación de titulados superiores no fuera en sí misma una proyección de primera magnitud. Definida, pues, esa tercera -moderna- misión, nos aparecen, por deducción, dos misiones más, que podemos convenir en que son la docencia (primera misión) y la investigación (segunda misión). Lo cierto es que legislación y financiación ordinaria, al menos hasta ahora, se han regido de manera total o muy predominante a partir de la misión docente. La investigación -y aparece aquí una nueva paradoja- se muestra como una actividad añadida a la docencia, una actividad que, si bien está muy prestigiada en el imaginario colectivo y en el acceso a la función pública universitaria, recibe poca atención en otros ámbitos. Valga la LOU (o la LRU) y los presupuestos de las universidades para mostrarlo.

A pesar de todo, la mayor parte de la investigación que se realiza en España, se hace en el marco de las universidades (el 70%, aproximadamente). Pero -nueva paradoja-, en general, las universidades no tienen presupuesto propio para subvencionar la I+D+i. La investigación se entiende como un derecho del profesorado, un derecho que sólo se puede ejercer plenamente si la Administración pública o la empresa privada proporciona al investigador fondos económicos para llevarla a cabo. Resulta, pues, que el investigador tiene que conseguir dinero para ejercer lo que, supuestamente, su empresa (la Administración, en general) le pide que haga en un 33% de su dedicación laboral. Y la cuestión que surge es: ¿y si no lo obtiene? La universidad encierra, pues, una anomalía importante: es una empresa cuyos trabajadores tienen que conseguir su propio dinero para poder trabajar en un tercio de su jornada laboral.

Y una última paradoja en esta selección -que no enumeración exhaustiva- de problemas: los recursos humanos. La figura de investigador universitario está íntimamente ligada a la de docente, lo que, en principio, es bueno para la docencia y para la investigación y encuentra su punto de intersección en la formación de nuevos investigadores. El problema surge cuando esta formación de nuevos investigadores no encuentra vía de consolidación el sistema público ni en el privado. Formamos investigadores de gran calidad, pero, en su mayoría, tienen que dejar la investigación una vez acabada la tesis o emigrar al extranjero. Y, peor aún, una vez han obtenido una formación postdoctoral sólida en el extranjero, no tenemos mecanismos para integrarlos como investigadores más que con, muy loables pero insuficientes, iniciativas como el programa Ramón y Cajal: tras cinco años de contrato postdoctoral y con una media de 40 años y una sólida formación y producción investigadora, deben buscar su entrada a través de la función docente, para la que, en general, no se han podido preparar y para la que se ofrecen muy pocos puestos de trabajo a causa del descenso del número de estudiantes universitarios. La paradoja, en síntesis, aparece por la tantas veces invocada necesidad de incorporar investigadores (unos 49.000 en España antes del 2011, según estableció la Comisión Europea en la cumbre de Barcelona), y la gran dificultad real de hacerlo por una falta de carrera investigadora paralela o complementaria a la docente y la inexistencia de figuras que permitan integrar investigadores como tales en las universidades.

Todas estas paradojas se basan en una visión reduccionista de la actividad universitaria. En mi opinión, la universidad -o al menos así es en las universidades que ocupan los primeros lugares en los rankings mundiales- es una institución en la que la docencia se vincula a una investigación intensa y de calidad, y debería ser un lugar en el que se ofrecieran todo tipo de facilidades para que su personal investigara. Facilidades como una burocracia menos asfixiante de la que nos rodea, unas leyes que promuevan la investigación y no la conviertan, como ocurre con la actual Ley de Subvenciones, en un calvario para investigadores y gestores de la investigación, sujetos a filtros y auditorías que superan la lógica del rendimiento de cuentas que debe acompañar cualquier gasto del dinero público. Facilidades como una flexibilidad en la dedicación a las diferentes tareas universitarias (docencia, investigación, transferencia de conocimiento, gestión), no sólo de acuerdo con el perfil y las mejores capacidades de cada profesor universitario sino de acuerdo con cada momento de la carrera académica, pues en ocasiones es preferible tener una mayor dedicación a la investigación y a la transferencia y en otras a la docencia o a la gestión universitaria. Facilidades como la coordinación entre las convocatorias y la distribución de recursos de los diferentes agentes y muy especialmente de las diferentes administraciones (estatal, autonómica y europea), que a veces parecen ponerse de acuerdo para sobrefinanciar algunas actuaciones y dejar en precario otras que merecerían atención o que son necesarias para mantener y consolidar el trabajo de muchos años.

Los analistas coinciden en relacionar con la inversión en I+D+i el avance económico de países como Irlanda, Islandia o Finlandia, por citar sólo ejemplos europeos. Si queremos que España salga de su posición de retraso en educación y en investigación, habrá que invertir más y mejor y habrá que adaptar leyes y normativas a los fines que se persiguen. Habrá que superar, en fin, tanta paradoja.

Maria Josep Cuenca es vicerrectora de Investigación y Tercer Ciclo de la Universitat de València.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de noviembre de 2005