La ley por el derecho a la vivienda

El borrador del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña y presentado el pasado 24 de octubre, es un gran paso adelante en el proceso de elaboración de una ley que el tripartito, en los acuerdos iniciales del Tinell, puso como prioritaria. Se trata de conseguir que lo que define el artículo 47 de la Constitución española sea efectivo; es decir, que los ciudadanos tengan realmente derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que la comunidad participe de las plusvalías que genera la acción urbanística. Este anteproyecto constituye la puesta al día de una legislación obsoleta, tomando ejemplo de países europeos en los que el Estado de bienestar está más consolidado, como Francia, Alemania e Inglaterra, y aprendiendo de los que sufrieron la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria, como Holanda (en 1982 con la caída del 48%) y Finlandia (en 1991 con la caída del 47%), y que tuvieron que impulsar políticas sociales de vivienda.

El diagnóstico del que parte la propuesta de ley está ajustado a la realidad: detecta cuáles son los sectores sociales marginados por el problema de la vivienda; en qué medida la especulación sobre el precio del suelo es la responsable del incremento de los costes, o cómo se producen situaciones irregulares en las que los intereses privados van en contra del bien común. Mientras que se necesitan viviendas, un porcentaje de ellas están subocupadas o desocupadas; es decir, no cumplen con sus objetivos; de manera que la ley prevé que tras dos años de no utilizarse se podría actuar sobre ellas. La sobreocupación se produce en barrios populares, generalmente degradados, en los que va a ser necesaria la presión de la inspección y el poder disponer de alternativas. Y el mal mantenimiento del patrimonio residencial resulta de que el derecho a la propiedad se mofa de la función social de la vivienda potenciando situaciones fraudulentas que dejan arruinar los edificios para expulsar a los inquilinos y sacar rentabilidad de la nueva edificación.

Los redactores de la ley conocen la pésima calidad del patrimonio residencial. No olvidemos que, por desgracia, en Cataluña sólo el 10,6% de la vivienda es anterior a 1950 y tiene cierto interés patrimonial, y una parte muy importante está deteriorada; y de las construidas en Cataluña entre 1950 y 1970, el 52% de los pisos fueron hechos con cemento aluminoso (casi 500.000) y el 13% han tenido graves patologías (113.000). En definitiva, demasiadas viviendas sin luz y sin sol, con interiores laberínticos y habitaciones miserables.

Las medidas legales que se proponen parecen ajustadas a la situación, a los medios y al objetivo de paliar el problema de la vivienda: se crea un registro único de solicitantes de vivienda protegida para garantizar la coordinación y la transparencia en la adjudicación; se va a fomentar la creación de vivienda social de alquiler y se introducen nuevas figuras de viviendas con algún grado de protección para alcanzar a sectores más amplios; se establece un límite de 90 años para la vivienda de protección construida en suelo de protección; se refuerza el derecho de retracto que da prioridad al Gobierno catalán y a los municipios para la adquisición de suelo en las zonas de actuación social; se establecen medidas para evitar procesos de degradación y desocupación, y se va a insistir en la mezcla social en la vivienda de protección oficial para no crear guetos. Un cúmulo de buenas intenciones que se plantea con la voluntad de sintonía con lo que vaya a proponer la nueva ley de urbanismo del Ministerio de la Vivienda y con el fomento de las políticas locales de los municipios.

Ahora bien, esta ley, muy reglamentista y economicista, que quiere poner al día a la sociedad catalana para afrontar el contemporáneo problema de la vivienda, se queda corta en muchas cuestiones clave que serían mejorables.

Aunque se trate, paradójicamente, de un departamento de medio ambiente, pocas medidas se plantean directamente con el objetivo de la sostenibilidad. Es cierto que la aplicación de la ley irá a favor del medio ambiente y que se habla de ecoeficiencia, pero el énfasis en cuestiones como la relación con el lugar, la orientación y el clima de la obra nueva debería ser mucho mayor.

Tampoco se insiste en un asunto mucho más clave que el mismo objeto vivienda: ¿dónde se van a promover estas intervenciones? Más que miles de viviendas, lo prioritario es la calidad de unos trazados que se basen en la reestructuración del suelo urbano, que partan de la reurbanización de las periferias y de la reforma y rehabilitación de los tejidos históricos.

También es insuficiente por lo que respecta a que la vivienda responda a exigencias contemporáneas tales como la variedad actual de estructuras familiares, la defensa de la igualdad de oportunidad de sexos, y la previsión de la influencia de las nuevas tecnologías en el entorno doméstico.

Por último, aunque se habla de cualidad, explicitada en los conceptos de habitabilidad, funcionalidad, accesibilidad, visitabilidad y seguridad, nada se establece en relación con la calidad de la arquitectura; es decir, con las cualidades de los espacios, el control de la calidad tecnológica de la construcción, y la capacidad de los equipamientos colectivos de dichas viviendas. Podemos construir muchas viviendas, pero serán insuficientes si no sirven para mejorar y reestructurar el paisaje, si no tienen cualidades como la flexibilidad y perfectibilidad, si no son saludables y sostenibles, si no tienen la capacidad para adaptarse a los cambios, si no están nutridas de infraestructuras y equipamientos. En esto el Gobierno catalán se queda por detrás de la ambición del Gobierno central del PSOE, que ha creado un ministerio específico para la vivienda, el cual ha señalado como una de sus prioridades la promoción de la calidad de la arquitectura española, y que está ultimando, entre otras medidas, una normativa para promover la vivienda experimental.

En cualquier caso, la propuesta de esta ley apunta a la esperanza de que va a haber un cambio: por fin se activará el conjunto del parque de vivienda y se va a dar prioridad al bien social por encima de la dictadura de los intereses del sector inmobiliario.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).