Los vecinos del edificio hundido en Lleida responsabilizan al Ayuntamiento

Los vecinos del inmueble de cinco plantas que se derrumbó el sábado en el centro de Lleida sin causar víctimas se mostraron ayer muy indignados con el Ayuntamiento por la política urbanística que está llevando a cabo en la zona. La irritación se evidenció en varias pancartas colgadas en los balcones, según las cuales la actuación del consistorio está contribuyendo a la degradación progresiva del barrio y pone en peligro la vida de las personas.

La Paeria acepta las críticas y anuncia que exigirá responsabilidades después de resolver el problema de las cuatro familias afectadas.

"Me he quedado con lo que llevo puesto, pero dentro de lo que cabe estoy contento porque he vuelto a nacer", declaraba ayer Juan Romera, inquilino desde hacía 34 años del segundo piso del edificio siniestrado. Romera se apuntó a una excursión organizada por el Centro Gallego de Lleida al monasterio de Piedra. "Si no me hubiera ido de viaje, seguro que el derrumbe me pilla dentro y me mata", añadió.

Romera ha vivido paso a paso todo el proceso de deterioro del inmueble desde que en marzo pasado una empresa constructora derribó el edificio contiguo con la finalidad de edificar viviendas nuevas. "A partir de aquel momento", explica, "empezaron a aparecer grietas que cada vez se fueron haciendo más grandes. Vinieron técnicos y arquitectos y dijeron que no corríamos ningún peligro. Sin embargo, todos los inquilinos oíamos crujidos por la noche y notábamos que la casa se movía. Era evidente que se iba a caer, pero nadie nos hizo caso. En el Ayuntamiento me trataron como a una pelota".

Los afectados emprenderán acciones legales contra los supuestos responsables del hundimiento de la casa, ya sea el Ayuntamiento de Lleida o la empresa propietaria del solar contiguo.El mismo sentimiento de Juan es compartido por el resto de personas que vivían en el número 60 de la calle de Cavallers. El azar evitó una tragedia segura, ya que en el momento del hundimiento parcial del edificio, a las 16.40 horas del sábado, no había ninguna persona en su interior. Momentos antes, Antonia Gatius, de 76 años, estaba en uno de los pisos comiendo con una hija que vive en Barcelona, el yerno y el nieto. El primero se olió el desastre y dijo a sus familiares que no era momento de tomar café, sino de salir corriendo a la calle.

"Mientras bajaban por las escaleras, oían detrás de ellos el ruido de los cascotes que iban cayendo. Cuando llegaron a la calle, la casa se desplomó y sólo quedó intacta la fachada", explicaba ayer un hermano de Antonia, mientras observaba desde la calle las tareas de derribo del inmueble. "Si mi hermana hubiera estado sola, hoy estaría de entierro", afirma Jaume Gatius.

La mayoría de los afectados consideran que el principal responsable es el consistorio. "Hasta ahora siempre ha tenido el santo de cara, ya que en los últimos años se han producido incidentes similares y en ninguno se ha tenido que lamentar desgracias personales. Pero algún día se le acabará la suerte y entonces lo lamentaremos todos", afirma Antonio Rodríguez, propietario de uno de los pisos, que había alquilado a un sobrino.

"Ciudadanos de tercera"

Su hijo José Antonio asiente, al tiempo que denuncia la degradación del barrio: "Para el Ayuntamiento somos ciudadanos de tercera y parece que está esperando que las casas se vayan cayendo para invertir lo mínimo posible y quedarse con los solares a precios bajos, pero lo peor no es eso, sino que permite que muchas personas vivan en pisos que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad y de seguridad".

La zona en la que se encontraba el edificio siniestrado permanecía ayer completamente acordonada por agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana para facilitar el trabajo de los operarios que proceden a su demolición completa.

El consistorio ha alojado provisionalmente en un hotel a los miembros de las cuatro familias afectadas y les ha prometido que tendrán una vivienda en el mismo barrio en un plazo máximo de dos semanas. Ayer, otros 62 vecinos de ocho inmuebles contiguos de las calles de Cavallers y de Companya también fueron desalojados como medida de precaución mientras duren los trabajos de demolición. Hoy podrían volver a sus casas.

El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, comunicó ayer a los vecinos afectados que el consistorio "emprenderá todas las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades del hundimiento". Los grupos de la oposición, CiU y PP, han criticado con dureza al equipo de gobierno tripartito por no haber actuado ante las reiteradas advertencias de los vecinos.