A la conquista del inmigrante afiliado
Los sindicatos se disputan la representatividad de un colectivo cada vez más numeroso en Andalucía
Andalucía es la tercera comunidad, tras Cataluña y Madrid, en cuanto a número de inmigrantes, con una cifra que roza el 15% del total nacional. La población extranjera empadronada en Andalucía en el año 2004 era de 321.570 personas, lo que suponía el 4,16% de la población total de la comunidad autónoma, por debajo de la media nacional, del 7,02%. Según el informe 2004 del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, la población extranjera ha crecido en el periodo 1998 a 2004 un 222,3%. Málaga es la provincia con más extranjeros (44,92,7% del total de Andalucía), seguida de Almería (20,586%), Sevilla (9,07%), Granada (8,36%), Cádiz (6,66%), Huelva (4,49%), Córdoba (3,20%) y Jaén (2,72%).
El Sindicato Obrero del Campo (SOC) fue pionero en la atención a los inmigrantes y, en la actualidad, una cuarta parte de sus afiliados en Andalucía (5.000 sobre un total de 20.000) son trabajadores extranjeros. "Empezamos hace casi 20 años con los primeros inmigrantes que llegaron a Almería y hoy seguimos luchando por la integración de estos trabajadores y su dignificación", explica Diego Cañamero, secretario general del SOC, para quien el principal reto que tienen los sindicatos con este colectivo es, por encima, de las condiciones laborales, la regularización de su estancia en Andalucía.
También está creciendo la afiliación de extranjeros en UGT y CC OO, aunque en estos casos hay más reservas para aportar los datos. CC OO esgrime el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos para no tener un censo específico de inmigrantes sindicados, mientras que UGT admite que el año pasado afilió a 432 y ya cuenta en toda Andalucía con más de 3.000 inmigrantes, apenas el 2% de sus 180.000 afiliados en el conjunto del sindicato. No obstante, por los 11 centros de atención al inmigrante que UGT tiene en Andalucía pasaron el año pasado 35.000 inmigrantes.
Aunque con cifras irrelevantes de afiliación, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene un intenso trabajo con los inmigrantes, sobre todo en las provincias de las principales campañas agrícolas, Almería, Huelva o Jaén. En ésta última provincia, el sindicato ha ganado incluso varios juicios a favor de los inmigrantes que habían denunciado condiciones de explotación laboral por parte de los trabajadores. "Si hay un paradigma de trabajadores en precario son los inmigrantes", dice Jacinto Ceacero, responsable de Inmigración de CGT en Jaén.
La incorporación de los inmigrantes a las direcciones de los sindicatos empieza a ser una realidad. Todos cuentan con áreas de Migraciones. En UGT-A la ocupó hasta hace poco un Khalid Zaidi El Younsi, un marroquí que estudió Derecho y que está afincado en Jaén, donde es el responsable del área provincial de Migraciones. También son inmigrantes el secretario provincial del área de CC OO en Córdoba y el secretario de la federación Agroalimentaria del mismo sindicato en Granada. "Hemos observado que son más fieles al sindicatos que los españoles", comenta Rosa Berges, responsable de Migraciones de CC OO en Andalucía.
Mientras que el SOC tiene en la agricultura su principal germen de extranjeros afiliados, UGT y CC OO acaparan un mayor número de asociados en la hostelería, la construcción, los servicios y las empleados de hogar. "En la agricultura hay más problemas para la afiliación de inmigrantes por la temporalidad de los trabajadores", sostiene Piedad Pérez, secretaria de Migraciones de UGT-A. Este sindicato mantiene una colaboración estrecha con los dos principales sindicatos de Marruecos, aunque reconoce que éstos se encuentran aún a mucha distancia de los sindicatos españoles. "El movimiento sindical en los países africanos es muy precario y su acción está muy limitada porque son países no democratizados", indica Piedad Pérez.
En lo que existe coincidencia plena entre todos los sindicatos es a la hora de exponer los retos que tienen por delante con respecto a los inmigrantes. "Integración significa trabajo legalizado y vivienda, algo que debe regular por Ley el Gobierno y no dejarlo a la voluntad y al criterio de los empresarios", manifiesta Diego Cañamero, del SOC; "hacen falta políticas de igualdad para no crear bolsas marginales", corrobora Rosa Berges, de CC OO; "lo primero es la regularización de su situación y después la equiparación de los derechos laborales y sociales", remarca Piedad Pérez, de UGT.
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