El alcalde de El Puerto, imputado por una nueva presunta prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz, 80.000 habitantes) ha imputado al alcalde de esta localidad, Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP), como presunto autor de sendos delitos de prevariación y contra la ordenación del territorio por el desarrollo inmobiliario de una finca conocida como Pinar de Coig, una zona protegida que forma parte de un sistema general de espacios libres.

La justicia también imputa en este proceso al concejal de Urbanismo portuense, Juan Carlos Rodríguez; a su antecesor en el mismo cargo en el anterior mandato municipal, Pedro Alamillos; y a los promotores inmobiliarios José Pinto Fuentes y Rafael Pacheco Descalzo.

El juzgado atiende así a la denuncia que presentó Ecologistas en Acción y el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Cádiz, Ángel Núñez. Ambos sostienen que el Ayuntamiento portuense ha "permitido y fomentado" el planeamiento y la construcción ilegal de una veintena de chalés privados. Se da la circunstancia de que estos terrenos están protegidos por su calidad ambiental y en actual planeamiento urbanístico figuran como parque público. La intervención del Ministerio Público se produjo después de que en abril de 200, la Delegación de Obras Públicas de la Junta notificase al gobierno local, de IP, esta situación supuestamente irregular y reclamase una intervención con la advertencia de que, en caso contrario, la Administración andaluza plantearía la retirada de las competencias urbanísticas municipales. El Ayuntamiento hizo caso omiso a estas advertencias y sólo el pasado mes de mayo, tras la apertura de diligencias por parte de la fiscalía, denunció la situación de ilegalidad de las viviendas.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, mostró ayer su satisfacción por esta decisión judicial. "Por fin la justicia está actuando por delitos urbanísticos. Tanto la fiscalía, como los juzgados se están tomando en serio estas agresiones que causan un daño social y medioambiental irreparable", dijo Clavero, quien lamentó la "connivencia inaceptable" del Ayuntamiento portuense. "Es necesario que se ponga a los responsables de este auténtico despropósito ante la justicia", añadió.

Con esta imputación, al alcalde de El Puerto se le acumulan los procesos judiciales por presuntos delitos urbanísticos. Sobre Hernán Díaz Cortés pesa una condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación al nombrar de manera ilegal a un subinspector de la policía local. La condena no es firme porque el primer edil ha recurrido. Al mismo tiempo, el alcalde está imputado en dos procesos: por el Pinar de Coig y por el derribo parcial del palacio de Vizarrón, una construcción del siglo XVII que goza de un nivel de protección integral. Este palacio, conocido como la Casa de las Cadenas y que fue utilizada por los cargadores de Indias a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se incorporará, en breve, al catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Andalucía, según la Junta. Asimismo, el TSJA ha advertido indicios de un presunto delito de prevaricación del gobierno local, de IP, por conceder licencias "ilegales" para el desarrollo inmobiliario del campo de golf de Viña Rango, un proyecto que auspicia el ex consejero de Trabajo Ramón Marrero.

Para Ecologistas en Acción, la situación del Ayuntamiento de El Puerto y del alcalde es "totalmente insostenible". "Un alcalde no puede estar condenado e imputado en varios procesos. No puede gobernar una ciudad una persona sospechosa que debe garantizar el interés general. Esperemos que llegue un nuevo alcalde que cumpla y haga cumplir la legalidad", dijo Clavero.