España dejó sin cumplir 122.238 órdenes de expulsión en cinco años

Entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de mayo de este año, España no logró repatriar a 122.238 inmigrantes contra los que previamente había dictado orden de expulsión. La mayoría son subsaharianos sin documentación cuyos consulados se negaron a reconocerlos como ciudadanos. Estos datos figuran en una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno al diputado de Coalición Canaria Román Rodríguez.

Entre 2001 y 2003, el número anual de expulsiones dictadas y no ejecutadas pasó de 9.159 hasta 39.643. En 2004 cayó ligeramente, hasta 37.348. Y en los cinco primeros meses de este año descendió aún más (hasta 9.464), probablemente debido al proceso de regularización de inmigrantes.

En la repuesta parlamentaria, el Ejecutivo explica que las principales causas de estos incumplimientos son las dificultades para documentar a determinados inmigrantes o la negativa de sus consulados a reconocerlos como ciudadanos.

No obstante, el Gobierno añade otras causas que determinan, si no la imposibilidad, sí la dificultad de ejecutar las expulsiones. Entre ellas cita el agotamiento del plazo de internamiento del inmigrante en los Centros de Internamiento de Extranjeros, lo cual implica su puesta en libertad y la posterior dificultad para localizarlo, o la no autorización de su ingreso en dichos centros, que muchas veces impide su localización.

Las órdenes de expulsión son notificadas a los inmigrantes directamente o a través de edictos. En ese momento son incluidas en un fichero y comienza la cuenta atrás del plazo durante el que el extranjero tendrá prohibida su estancia en España. Dicho plazo oscila entre un mínimo de cinco años y un máximo de 10, a partir de los cuales el inmigrante podrá entrar en España de forma regular. Es decir, que la sanción aún no ha prescrito para ninguna de las 122.238 personas incluidas en la respuesta del Ejecutivo.

No existen datos oficiales acerca de cuántos inmigrantes incluidos en ese total han logrado regularizar su situación a través del proceso de normalización que el Gobierno abrió entre el 7 de febrero y el 7 de mayo pasados, pero es probable que la cifra ascienda a varios miles. El proceso exigía que los extranjeros residieran en España desde antes de agosto de 2005. Y uno de los documentos admitidos por la Administración para demostrarlo era, precisamente, la orden de expulsión.

Aproximadamente la mitad de los subsaharianos que llegan a las costas españolas y no pueden ser repatriados siguen viaje hacia sus antiguas metrópolis, sobre todo Francia y Reino Unido, cuyo idioma dominan. Eso rebajaría todavía más la cifra de los que aún permanecen en España de forma irregular.

Respecto a estos últimos, la orden de expulsión que pesa sobre ellos les impide trabajar legalmente, por lo que suelen vivir entre la marginalidad y la delincuencia. Son mayoría en los albergues para indigentes, en las mesas de los comedores de caridad, en las ventas del top manta, y en la prostitución callejera.