El lado oscuro de EE UU

"Tenemos que adentrarnos un poco en el lado oscuro, por decirlo así (...), tendremos que hacerlo en silencio, sin discusión, usando fuentes y métodos al alcance de nuestros organismos de Inteligencia, si queremos tener éxito. Éste es el mundo en el que esa gente actúa, así que va a ser vital emplear cualquier medio a nuestra disposición para, básicamente, conseguir los objetivos". Era el 16 de septiembre de 2001, cinco días después de los atentados de Al Qaeda contra Nueva York y Washington. Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, decía estas palabras al periodista Tim Russert en la residencia presidencial de Camp David, nada más concluir una larga reunión -prácticamente 36 horas seguidas- a la que, además de él y George W. Bush, asistió el equipo de seguridad y defensa de la Casa Blanca.

Ahora, cuatro años más tarde, y cuando se conocen algunos resultados de la incursión en el lado oscuro -las técnicas de interrogatorios empleadas en Guantánamo y exportadas a Abu Ghraib y las denuncias de vuelos clandestinos de la CIA y de cárceles secretas en países extranjeros- el debate sobre la tortura se ha convertido en uno de los asuntos candentes de la política estadounidense, con consecuencias de difícil pronóstico.

Por lo pronto, hay un choque frontal entre la Casa Blanca y el Senado, que votó hace un mes abrumadoramente -90 contra 9- una propuesta patrocinada por dos senadores republicanos, John McCain y Lindsay Graham, para prohibir al Ejército y a la CIA "el trato cruel, inhumano o vejatorio" de cualquier detenido bajo custodia estadounidense en cualquier lugar del mundo. El Pentágono también prohibió hace una semana la tortura física y mental de los detenidos y ordenó que todos los interrogatorios se hagan "de manera humanitaria". El Departamento de Estado se opone a la campaña de Cheney, y un reciente informe interno de la CIA advirtió de la presunta ilegalidad de ciertas "técnicas interrogatorias".

Sin aclaraciones

"Nosotros no torturamos", dijo el presidente Bush la semana pasada, pero no quiso aclarar -nadie del Gobierno lo ha hecho- ni la denuncia hecha hace meses sobre los supuestos vuelos secretos de la CIA para transportar "prisioneros enemigos" ni la información sobre la red de cárceles secretas en países de Asia y Europa. Cheney presiona al Congreso para que la medida antitortura no incluya a la CIA, y Bush explicó por qué: "Hay un enemigo que acecha y hace planes y quiere golpearnos de nuevo; así que claro que vamos a perseguirles agresivamente. Pero lo haremos dentro de la ley".

"Dentro de la ley" debería ser una expresión clara, pero no lo es. Después de la guerra de Afganistán, se consideró vital obtener información de los presos talibanes y de Al Qaeda para desmantelar células y evitar futuros atentados. Entre enero y febrero de 2002, la Casa Blanca decidió que no eran prisioneros, sino combatientes enemigos que podían ser excluidos de la Convención de Ginebra, porque Afganistán no era realmente un Estado y los detenidos eran terroristas, no soldados.

Desestimar Ginebra permitiría, según el entonces asesor jurídico Alberto Gonzales, tener más flexibilidad en los interrogatorios. En agosto, al amparo de estos razonamientos, Justicia determinó que lo único que no se podía hacer era causar un dolor "de intensidad similar a la que acompaña un daño físico grave como la muerte o el fallo orgánico". Eso permitiría una serie de prácticas conocidas como "tortura light", aunque el método de la tabla de agua no tiene nada de ligero: al prisionero, desnudo, se le ata a una tabla y se le sumerge en agua durante un rato. Según Jay S. Bybee, asesor de Justicia, "el presidente, como comandante en jefe, tiene la autoridad constitucional para ordenar los interrogatorios de los combatientes enemigos" sin interferencias.

Dos años y medio después, su informe fue anulado (hoy, Bybee es juez federal y Gonzales ocupa la cartera de Justicia). Pero mientras, el lado oscuro creció: con una opinión pública en estado de choque por los atentados, un Congreso en situación similar y unos medios en buena medida paralizados, se olvidó que en 1994 Estados Unidos había ratificado la Convención contra la Tortura y que, en 1999, el Departamento de Estado había asegurado: "No hay ninguna ley en EE UU que permita los actos de tortura prohibidos o cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano o vejatorio".

Resistencias

Desde temprano hubo ya indicios de los excesos. Sin que aún se conocieran las resistencias de algunos jefes militares, preocupados por lo que podría ocurrir a sus soldados cuando fueran hechos prisioneros, o del Departamento de Estado, que temía el precio a pagar por prescindir de Ginebra, The Washington Post contó, en diciembre de 2002, que a los detenidos de Al Qaeda en la base aérea de Bagram que no cooperaban "se les deja durante horas de pie o de rodillas, con capuchones negros o máscaras", colocados "en posiciones forzadas o dolorosas, sin dormir durante 24 horas". De todo esto, "hecho a menudo con aliados de dudosa reputación en materia de derechos humanos, emerge una imagen en la que las líneas entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo inhumano, son cambiantes y difusas".

Después llegó Irak. Defensa trasladó a las cárceles iraquíes las experiencias y técnicas de Guantánamo. A partir de otoño de 2003, según los informes de la Cruz Roja Internacional y, posteriormente, la investigación del general estadounidense Antonio M. Taguba, quedaron al descubierto las tropelías, abusos y malos tratos de Abu Ghraib. Pero los procesos y las condenas no afectan, por el momento, a ningún oficial o alto responsable del Pentágono o de la CIA. Las fotos tomadas por jóvenes reservistas de la Guardia Nacional a cargo de la prisión dejaron helados al Congreso y a los ciudadanos. La reacción del Senado ya es conocida, y también se conoce la presión que la Casa Blanca ejerce sobre la Cámara para que no apruebe la misma prohibición de la tortura y se negocie un nuevo texto.

En cuanto a la opinión pública, hay división. En un sondeo de la revista Newsweek se pregunta: ¿Cree que puede justificarse la tortura contra un sospechoso de terrorismo para tener acceso a información importante? A menudo está justificado, dice el 17%; algunas veces, afirma el 27%; en muy pocas ocasiones, para el 18% y nunca para el 33%. Cuando se fuerza la pregunta -¿apoyaría el uso de la tortura si condujera a evitar un atentado terrorista?- el 58% dice que sí y el 35% que no. Pero casi tres de cada cuatro encuestados reconocen que las acusaciones recientes sobre tortura han dañado notablemente la imagen de EE UU.