Negocio criminal
Lo que se va conociendo de la llamada Operación Ballena Blanca, tras desvelar el juez instructor una parte de la investigación, no sólo confirma la magnitud de la red de blanqueo de dinero negro de origen presuntamente delictivo detectada hace dos años en Marbella, sino la amplitud de los circuitos jurídicos y financieros involucrados en su cobertura legal. Este aspecto es quizá lo más preocupante del asunto: la falta de escrúpulos con que determinados profesionales del derecho y responsables de entidades bancarias ponen sus conocimientos y medios al servicio de un negocio criminal para otorgarle respetabilidad y darle visos de legalidad.
El levantamiento parcial del secreto del sumario ofrece una radiografía detallada del recorrido del dinero negro en la Costa del Sol malagueña procedente de las más variadas actividades delictivas -narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, evasión fiscal...- y cuyo destino fundamental es la especulación inmobiliaria. El sumario acumula ya 58 acusados entre profesionales tan característicos como abogados, notarios, empresarios, promotores inmobiliarios y, desde hace un mes, un alcalde, el de Manilva (Málaga), lo que es una muestra más de la corrupción política que suele acompañar a esta actividad delictiva que ha encontrado un campo abonado en Marbella, durante años el paraíso de la gestión corrupta.
De la magnitud de la red de blanqueo investigada da cuenta el valor de lo confiscado hasta ahora en 28 entidades bancarias, que asciende a 72 millones de euros, y la intervención judicial de 400 inmuebles. Pero lo más grave es que este negocio criminal pudiera encontrar amparo en un despacho jurídico -el de un afamado abogado hispano-chileno afincado en Marbella y que figura entre los acusados- que se prestó presuntamente a camuflarlo en sociedades ficticias o domiciliadas en Gibraltar y en otros paraísos fiscales, en notarios que se avinieron a la constitución y registro de esas sociedades, y en responsables bancarios que coadyuvaron a ese negocio con la concesión de préstamos insuficientemente garantizados y condicionados, en ocasiones, a futuras e hipotéticas recalificaciones de suelo.
Será la justicia la que determine el alcance y el carácter de esa connivencia jurídico-profesional con un capitalismo gansteril que expande la corrupción y distorsiona el buen funcionamiento del sistema económico-financiero. Pero no sólo corresponde al Estado atajar ese mal con leyes rigurosas contra quienes colaboran en el blanqueo de dinero de origen ilícito y no respetan las reglas. Esa batalla también concierne y debiera preocupar a los sectores profesionales e instituciones financieras que, por su función, se ven abocados a entrar en contacto con un mundo oscuro, de difícil deslinde a veces entre lo legal y lo criminal.
