Eurodiputados piden que se aclare si la CIA tiene cárceles en Europa

Franco Frattini, comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE, no convenció ayer al Parlamento Europeo cuando aseguró que "un importante número de Estados miembros han hecho públicas declaraciones que han desmentido categóricamente" las acusaciones de que países del este de Europa, en particular Polonia y Rumania, han acogido centros de detención y tortura de presos islamistas controlados por la CIA.

"Las informaciones son demasiado detalladas para no ser creídas", aseguró el español Ignasi Guardans, de CIU, que reclamó contundencia en las investigaciones que deben llevar a cabo tanto la Comisión como los Gobiernos europeos. A los parlamentarios les sonaron demasiado formales, frías y poco convincentes las manifestaciones de Frattini. "Despiértese, señor comisario", le llegó a gritar una eurodiputada. Frattini acudió al Parlamento a explicar la posición del Ejecutivo comunitario tras las revelaciones del periódico norteamericano The Washington Post y de Human Rights Watch, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos sobre la existencia de cárceles secretas de EE UU en algunos países de Europa del Este.

"Hasta ahora esos hechos no se han comprobado ni se han presentado pruebas", dijo Frattini, quien pidió que "los Estados miembros y candidatos verifiquen la veracidad de las noticias". El comisario aseguró que hará sus propias pesquisas y entrará en contacto con otros organismos como el Consejo de Europa y el Congreso de Estados Unidos, que también van a investigar para conocer qué ha ocurrido exactamente.

Los europarlamentarios partieron de la idea de que la lucha contra el terrorismo no debe conculcar derechos humanos y unánimemente percibieron blandura y exceso de credulidad en las manifestaciones del comisario. Frattini ha dado por buenos los firmes desmentidos de los Gobiernos de Polonia y Rumania.

Un parlamentario polaco subrayó que esos desmentidos se refieren a la actualidad, "pero no dicen nada del pasado". En ello abundó Guardans. Las acusaciones de Human Rights Watch se refieren a actuaciones en 2002 y 2003. "Queremos que se compruebe que esas denuncias no son ciertas", insistió el europarlamentario catalán. "Está en juego la credibilidad de la Unión Europea como un espacio de libertad, justicia y seguridad".

Un Frattini a la defensiva respondió al final del debate que "si los hechos denunciados fueran ciertos nos encontraríamos ante una conculcación muy grave del Tratado de la Unión que puede conducir a sanciones políticas graves". "Estoy de acuerdo en que si fuesen ciertas serían delitos", señaló. Se lamentó de su reducida capacidad investigadora, que no le permite interrogar a ministros del Interior de gobiernos soberanos ni recabar determinados datos o documentos.

"Si alguien cree que tengo tanto poder como un juez instructor nacional se equivoca. No hay color", señaló. "Voy a utilizar al máximo todos los poderes de investigación política. Pero si un Estado miembro me dice que esas cárceles no han existido, necesito una prueba [contraria para desmentirle]

" y acabó señalando que si se demostrase que se han violado los derechos humanos, habrá sanciones políticas.