La semana negra

Mal pintan las cosas para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La declaración el ex delegado del Ivex (Instituto Valenciano de la Exportación) en Miami, José Marquina, según la cual este organismo hizo facturas falsas para pagar a Julio Iglesias en paraísos fiscales, le coloca en una complicada situación. Una difícil situación que oscurece aún más lo que, sin duda, ha sido su semana negra.

La semana negra de Camps se iniciaba con el reconocimiento de la corrupción por un miembro de su Gobierno, seguía con la fuga de un diputado del PP a la extrema derecha y terminaba con las explosivas declaraciones de Marquina al periodista Francesc Arabí. Con su demoledora confesión, el ex delegado del Ivex deja en evidencia al Gobierno de Eduardo Zaplana, confirmando lo que las informaciones periodísticas habían avanzado sobre la existencia de un contrato b oculto, que elevaba de 325 a 990 millones de pesetas los pagos al amigo del hoy portavoz del PP en el Congreso. Pero no sólo eso. Además Marquina lanza un torpedo a la línea de flotación del actual Gobierno de Camps.

El calendario es muy revelador. Hace apenas un año, Francisco Camps proclamó que asumía la gestión del Ivex desde que el PP gobierna. Es decir, durante la etapa de Eduardo Zaplana y de José Luis Olivas. Marquina ha asegurado que informó sobre las irregularidades al consejero de Empresa, Justo Nieto, en la primera semana de septiembre de 2004. Tres meses y medio después, el 15 de diciembre y en sede parlamentaria se produce la declaración de Camps asumiendo de la A a la Z las actuaciones de sus predecesores. Caben dos hipótesis, una, improbable, según la cual Justo Nieto no informó a Camps de las confidencias del todavía delegado en Miami. Y es improbable porque además de suponer una deslealtad extrema para con su presidente, en nada beneficiaría a un Nieto que sí estaría interesado en deslindar su gestión de la precedente. El silencio de Nieto confirmaría la segunda hipótesis, según la cual el consejero habría informado al presidente y éste habría marcado la línea de actuación, incluido el cese del denunciante y la defensa a ultranza de sus compañeros del PP.

Hipótesis que cobra aún más fuerza, porque es lo que ha vuelto a hacer Camps, de otra manera, cuando el asunto ha saltado a los papeles y en lugar de preocuparse por la corrupción en las oficinas exteriores de su Gobierno ha amagado con llevar ante el fiscal al denunciante. Algo jurídicamente irrelevante puesto que ya hay una investigación judicial abierta sobre el tema a la que sin duda se unirá la denuncia (y los papeles) de Marquina.

Y lo que sí es relevante es la política del avestruz de Camps: huida hacia adelante y esconder la cabeza. Un ejemplo más del fariseísmo político, cuya máxima expresión ha sido la manifestación "preventiva" contra la tímida reforma educativa del Gobierno Zapatero. Casi por el mismo coste político, el Gobierno podía derogar el Concordato, acabar con la subvención a la Iglesia e ir revisando las aportaciones a la enseñanza concertada para centrar los esfuerzos presupuestarios en la enseñanza pública. Puestos a que protesten, que les den motivo.