Pavón declarará como imputado por financiación ilegal de IU

Agustín Pavón (IU), alcalde de Camas (Sevilla), declarará ante un juez el próximo 1 de diciembre, como imputado en un delito de financiación ilegal de IU en su localidad, junto a dos empresarios y tres responsables políticos.

Estas diligencias, abiertas por una denuncia del PSOE y Nueva Izquierda, se refieren al presunto intento de destinar 12.000 euros, entregados por dos empresas patrocinadoras de la Feria de Camas, a pagar un crédito bancario que IU había solicitado para sus gastos de campaña en las últimas elecciones municipales.

Fuentes del caso indicaron que el juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha citado como imputados, el día 29 de noviembre, a los dos empresarios, y a Diego Castrejón, ex asesor de prensa de Pavón. También declarará este día Francisco Javier Gordo, militante de IU y antiguo cargo de confianza municipal, que ha dado lugar a otras diligencias judiciales en las que Pavón está imputado, en ese caso por el presunto intento de soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo.

Para el día 1 han sido citados, también como imputados, el alcalde y Antonio Lucenilla, secretario de Organización de IU en Camas. Los hechos fueron denunciados a principios de año ante la Fiscalía de Sevilla, que encontró indicios de delito y trasladó el caso al juzgado de instrucción, que a su vez acordó solicitar una documentación y los movimientos bancarios que supuestamente avalarían tales irregularidades.

Comisión de investigación

Previamente, Encarnación Díaz, portavoz del PSOE en Camas y ex alcaldesa, y Antonio Pinto, portavoz de Nueva Izquierda, acudieron en julio al juzgado a ratificar su denuncia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

La oposición de Camas entregó a la Fiscalía los resultados de una comisión de investigación que, sin embargo, había concluido con la inexistencia de irregularidades en la gestión del equipo de gobierno. La comisión se constituyó a raíz de unas declaraciones de Diego Castrejón, quien aseguró que Gordo indicó a dos empresas patrocinadoras de la Feria de la localidad en 2003 que debían entregar sus aportaciones a un avalista de la póliza de 30.000 euros que IU había pedido para su campaña electoral.

Dicha comisión escuchó a varios testigos y en julio de 2004 concluyó que no había existido ninguna irregularidad porque Castrejón rectificó sus declaraciones iniciales y nadie aportó ninguna otra prueba de financiación irregular.