Las llamas francesas

Los violentos sucesos ocurridos durante las últimas semanas en Francia no son producto de la ciega locura de unos cuantos gamberros perdidos y decididos a quemar su vida por completo. Tampoco son el resultado de una conspiración partidista: no hay una organización, ni una religión, ni una ideología detrás de estas ciudades en llamas. Sólo hay una cólera espontánea. Sólo hay desesperación convertida en violencia callejera.

Lo que está sucediendo hoy era previsible. Es el fruto envenenado producto de 30 años de abandono social y de los tres últimos años de provocaciones demagógicas contra la población de los barrios periféricos. No tiene que ver con la inmigración, las diferencias religiosas ni la delincuencia. Se trata de fisuras en la cohesión de Francia, un modelo de integración cultural dañado, los fracasos en cadena de la República. Ningún partido tiene más responsabilidad concreta que otro: la derecha y la izquierda, la izquierda y la derecha, comparten con la misma irresponsabilidad la responsabilidad del desastre. Ni una ni otra tienen de qué presumir.

En estos tres años, la situación se ha degradado de forma considerable: un ministro ha manipulado peligrosamente la dinamita de las barriadas. A los 30 años de abandono se ha añadido el insulto. "Limpiar con Kärcher", meter en cintura a la "chusma", son palabras que se prestan demasiado a la generalización. Como era de prever, le han estallado en las narices. Porque ante él había unos jóvenes que ya no tenían nada que perder.

Todavía no es posible medir las consecuencias de esta explosión. Pero se puede afirmar ya, sin miedo a equivocarse, que se trata de una revuelta de pobres, de una Jacquerie

[revuelta campesina medieval] de los tiempos modernos. El país ha quedado profundamente herido. Ha descubierto, en medio de las llamas, el mal que le corroe desde hace décadas: la etnicización de las relaciones sociales, el racismo que machaca a generaciones enteras, la exclusión que refuerza el odio, la marginación social que prepara el terreno para las batallas de mañana. No queremos reconocerlo, pero la verdad está ahí: Francia, la República "igualitaria", se miente a sí misma. ¿Fingimos descubrir ahora la cesura? Lo cierto es que hace ya 10 años que se encienden las llamas en aquellos espacios en los que el Estado se limita únicamente a su función represiva. No hay nación cuando la nación se niega a sus hijos. No existen deberes cuando los derechos son puramente retóricos.

En los años ochenta se empezó a equiparar la inmigración con una maldición social. Hicimos de los hijos franceses de esa inmigración un desafío para la identidad. Transformamos la marginación urbana, profesional y cultural, que reviste a padres e hijos del mismo oprobio, en una culpabilidad social. Y, como es natural, los gobernantes son maestros consumados en el arte de la chulería política. Para ellos, la integración social de ese sector excluido del pueblo francés se reducía a consignas tan estúpidas como insultantes: hay que dar "visibilidad" a los jóvenes de "segunda generación", decían: puestos de baja categoría en las administraciones, medallas aquí y allá, programas de televisión políticamente correctos, "prefectos musulmanes", semi-ministros; en resumen, una zidanización engañosa que ocultaba la auténtica catástrofe social. Convertimos la integración en un deber simbólico.

Y acabamos por manipular el símbolo despreciando la integración. Porque el gran ejército de los olvidados, de los don nadies de los barrios periféricos, no se siente involucrado. Nunca se sintió involucrado, en el fondo. La izquierda había establecido el "empleo juvenil", que se derritió como la nieve cuando el poder cambió de manos. Lo curioso, en realidad, es que esas nuevas "clases peligrosas" situadas en el interior de nuestras sociedades ricas hayan tenido tanta paciencia ante la humillación que se les ha impuesto. Pero todo tiene un límite. Y lo peor ha ocurrido.

En los cenáculos políticos se preguntan ya quién se beneficiará de este estallido. Beneficiarse electoralmente, se entiende. La extrema derecha se frota las manos, Nicolas Sarkozy saca pecho, y todos los De Villiers de la derecha, con la vara de medir de su demagogia, se disponen a utilizar la carga subversiva del miedo de esta violencia para engrosar sus filas.

El Gobierno, por su parte, busca medios de represión legal. Para apagar el incendio ha rehabilitado una ley de 1955, fabricada en un momento en el que los "departamentos" argelinos vacilaban. ¿Será que, en la propia Francia, tenemos a parte de la población colonizada, con la misma falta de legalidad? Y el dispositivo se endurece: el ministro de Justicia fomenta la colocación de los jóvenes en centros educativos cerrados, el del Interior ordena a los prefectos que expulsen inmediatamente a los "extranjeros causantes de problemas", tanto si están en situación irregular como si no. El primer ministro, Dominique de Villepin, hace un llamamiento al orden y la justicia. Está claro lo del orden. ¿Pero la justicia? ¿Se trata sólo de detener, condenar, expulsar? Sería un grave error reaccionar sólo de esta forma, porque justificaría las provocaciones que han desembocado en el estallido de cólera. El Gobierno es consciente de ello: anuncia un desfile de medidas destinadas a favorecer el empleo y la inserción social en los barrios desfavorecidos (convocatoria de todos los jóvenes en paro a la ANPE [Oficina Nacional de Empleo] para una "entrevista detallada"; creación de nuevas zonas francas urbanas; primas de regreso al empleo para los beneficiarios de las prestaciones mínimas sociales; contratos de acompañamiento para desarrollar los puestos de proximidad); promete aumentar los medios económicos de la oficina de renovación urbana en un 25%, mejorar las redes de sanidad pública, asignar 100 millones más de euros a las asociaciones el próximo año, etcétera.

Todo eso es loable. Sin embargo, es inevitable temer el "efecto de anuncio" y preguntarse por los medios concretos para poner en práctica estas medidas. En materia de educación, la principal propuesta del Gobierno consiste en reducir la edad de inicio de la formación profesional a los 14 años (en lugar de los 16 años actuales) para los alumnos en situación de fracaso escolar. Uno se queda pasmado ante esta medida totalmente aberrante y retrógrada, que sólo servirá para acentuar el abandono social y la condición precaria de esos jóvenes, al privarles definitivamente de cualquier perspectiva de movilidad social. ¿Es así como monsieur De Villepin pretende garantizar "la igualdad de oportunidades para todos los franceses"?Lo que hace falta es atacar la raíz de los problemas. Lo primero, que todos puedan acceder a la ciudadanía. Para ello es precisa una firme estrategia de integración a través de la educación, el empleo y la diversificación urbana. Tarea difícil, porque los vectores de integración están paralizados: el Estado ha capitulado ante los poderes económicos que desprecian el aspecto social, y la privatización generalizada fomenta la guerra de todos contra todos y atiza todos los odios de identidad; los movimientos asociativos, que han sustituido sobre el terreno a los partidos políticos, no sirven más que para paliar los efectos, aplazar la furia y buscar soluciones provisionales para unas vidas que no controlan su propio destino.

Pero el Estado tiene que recuperar las riendas. No sólo tiene que restablecer su autoridad en todo el territorio, sino también asumir sus obligaciones en materia de cohesión colectiva. Hay que acabar con tantas promesas incumplidas, tantas mentiras, tantos errores acumulados. En Francia no puede haber Nación, no puede haber República, si no hay un Estado que aglutine todo el conjunto al servicio de una solidaridad común y ciudadana. Y hace falta explicar, para combatir el racismo, que la identidad común es consecuencia del carácter multiétnico de la República, no su opuesto. Estamos ante el final de una época. Las cosas no volverán a ser como antes. El pueblo francés, como de costumbre, está adquiriendo conciencia de sí mismo a través de sus crisis. ¿Comprenderán esta situación las mentes que nos gobiernan? Hay que confiar en que sí, por el bien de todos; si no, como decía en los años sesenta el escritor James Baldwin a propósito de las discriminaciones en Estados Unidos, "la próxima vez, el fuego".

Sami Naïr es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad París VIII e invitado en la Universidad Carlos III de Madrid. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.