Blair sufre su primera derrota en ocho años en el Parlamento

Tony Blair sufrió ayer una humillante derrota política al rechazar el Parlamento su propuesta de aumentar de 14 a 90 días el periodo de detención cautelar de los sospechosos de terrorismo, que quedó fijado en sólo 28 días. Pese a que los laboristas tienen una mayoría de 66 diputados, la propuesta fue derrotada por 322 votos contra 291 en lo que constituye su primera derrota parlamentaria desde que llegó al poder, en mayo de 1997.

Numerosos diputados laboristas votaron contra Blair, cuya autoridad como primer ministro está seriamente en cuestión. Fue sobre todo una derrota personal de Blair, que abortó la tendencia de su ministro del Interior, Charles Clarke, a pactar a la baja con la oposición. El primer ministro pareció calcular mal el impacto que iba a tener en sus filas y entre los tories más tibios su irrupción personal en la polémica sobre los 90 días.

Blair, coreado por los tabloides y el grupo de medios del magnate Rupert Murdoch, aumentó las presiones, azuzó el fantasma de dos atentados desbaratados desde julio, apelando al voto del miedo y la mala conciencia. "No vais a votar contra mí, vais a votar contra los deseos de los servicios de seguridad", amenazó aún ayer.

Pero más allá del contencioso concreto de la nueva ley antiterrorista, la derrota amenaza con ser no sólo la primera de Blair desde que llegó a Downing Street, sino la primera quizás de una serie. Con un mayoría de sólo 66 escaños y una treintena de rebeldes dispuestos a forzar su marcha cuanto antes, las numerosas reformas que han de pasar por los Comunes en los próximos meses amenazan con transformarse para él en el calvario parlamentario vivido en 1993 por John Major.

"No creo que sea una cuestión sobre mi autoridad", rechazó Blair tras la votación, y dejó claro que no va a dimitir. "La gente de este país no va a entender que los Comunes hayan tomado esta decisión. Esperaba que los conservadores se movieran hacia un compromiso, pero se han quedado en los 28 días. Para mí, 90 días ya era un compromiso", insistió. Scotland Yard expresó en una nota su "decepción" por el voto.

Aumentando el cargado ambiente de trascendencia que precedió a la votación, Blair había instado a Gordon Brown y a Jack Straw -dos pesos pesados en el Gobierno, rival político y aspirante a sucederle el primero; crecientemente distanciado el segundo, cuyas reservas sobre la intervención en Irak nunca fueron tenidas en cuenta- a que regresaran a Londres de inmediato para estar en los Comunes a la hora de la votación, a media tarde.

Brown interrumpió su estancia en Israel y Straw se volvió de Moscú, donde encabezada una delegación como presidente de turno del Consejo de ministros de la Unión Europea. La amplitud de la derrota en los Comunes, que nadie había anticipado, convirtió ese precipitado regreso en un pequeño ridículo.

Rebeldes laboristas

La magnitud de esa derrota adquirió proporciones aún mayores al aprobar la Cámara minutos después de la votación una enmienda de los rebeldes laboristas estableciendo el periodo de detención cautelar en 28 días, muy lejos de los 42 días que el ministro del Interior, Charles Clarke, parecía dispuesto a pactar con la oposición tory.

Fue el propio Blair quien decidió mantener la propuesta de los 90 días, limitando las anunciadas concesiones a fijar para la nueva ley un periodo de vigencia de un año para que el Parlamento pudiera decidir tras esa experiencia sobre la conveniencia de ratificar la ley o rechazarla y que la policía justificara cada semana ante un juez las razones de la detención.

"A veces es mejor perder haciendo lo debido que ganar haciendo lo que no se debe hacer", sintetizó Blair en el único signo de duda que dejó traslucir por la mañana, durante un tenso question time (turno de preguntas) en los Comunes que acabó convirtiéndose en un espontáneo debate parlamentario sobre la Ley de Terrorismo. Pese a que algunas encuestas reflejaban un claro apoyo de la opinión pública a los 90 días de detención preventiva, el líder conservador Michael Howard mantuvo su oposición a una medida que calificó de draconiana. "El Gobierno no ha conseguido dar ni un sólo ejemplo concreto que demuestre la necesidad de esa medida", se quejó Howard, que cree que con 28 días hay tiempo suficiente para investigar a un sospechoso y decidir si hay elementos suficientes que justifiquen su procesamiento.