La emergencia es también social

Días antes de comenzar la oleada de violencia en Francia echaba el cierre en Marsella el punto de atención que la ONG SOS Drogas gestionaba en el barrio de Sainte-Martha, uno de los más deprimidos de la ciudad. Este cierre precedía el del centro de acogida del vecino distrito de la Visitation y la práctica paralización de otro de las mismas características en la periferia de la que, con 800.000 habitantes, es la segunda ciudad francesa. El motivo: el recorte de las subvenciones del Gobierno a las asociaciones que los gestionaban.

Ahogadas por las deudas, desbordadas por la demanda y sin apoyo oficial, estas entidades se han visto obligadas a reducir su actividad, despedir a empleados y, en muchos casos, a interrumpir su labor. Una vez más, quienes se beneficiaban de ellas han quedado desamparados. Los tres ejemplos de Marsella son la cara más oscura de la política de recortes iniciada por el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin en 2002 y que, a juicio de la izquierda, de las ONG y de muchas asociaciones está empujando a muchos franceses hacia la emergencia social.

La inversión del Estado en las entidades que trabajan en Marsella ha caído el 27%

Sin apoyo oficial y ahogadas en las deudas, muchas asociaciones reducen sus actividades

En el caso de SOS Drogas, la justificación del recorte es cuanto menos chocante: "Dice el Ministerio que nos centramos de forma demasiado exclusiva en la prevención de las drogodependencias", explica amargamente su directora general, Sylvie Justine.

Y todo ello hace peligrar el trabajo del conjunto de una ONG que hace apenas un año gestionaba 17 centros de atención a los drogodependientes en toda Francia. "Con el de Marsella ya son siete los puntos que hemos tenido que cerrar; estamos desolados, pero no llegamos a más", explica Justine. "El Gobierno no parece ser consciente de que cada centro que desaparece es otra puerta que se cierra a los jóvenes más necesitados", se lamenta.

Pero SOS Drogas es sólo un ejemplo más de la "desertificación social" que las asociaciones de base vienen denunciando desde hace años. Según el presidente del distrito, el socialista Garo Hovsépian, la inversión del Estado en las entidades que trabajan en la zona ha caído en un 27% en sólo tres años.

"No conozco ninguna entidad que hoy trabaje mejor que hace tres años", asegura Diouf Amenata, de la asociación Ayuda y Atención a las Personas Inmigradas. Trabajadora social y mediadora cultural, Amenata lamenta haber tenido que recurrir a trabajadores voluntarios para sustituir a los que antes tenían un sueldo. Considera que el Gobierno francés se ha propuesto desmembrar el tejido social para, así, acabar con su oposición más molesta.

Y ello duele especialmente en Marsella, una ciudad tradicionalmente fértil en el terreno asociativo y de la lucha sindical. En opinión de Amenata ha sido esta fuerte organización social la que ha permitido que en esta oleada de violencia Marsella haya destacado por la relativa gravedad de sus incidentes frente a otras ciudades mucho más pequeñas. Pero también hay otra explicación. "En Marsella, a diferencia de Lyon, París o Toulouse, los suburbios están mezclados en el tejido urbano tradicional. En parte se debe a nuestra orografía, pero centro y periferia tienen una frontera muy poco definida, y ello ayuda a crear una única identidad", mantiene Amenata.

Fuentes de la Prefectura marsellesa confirmaban ayer, cifras en mano, las particularidades de la capital del sur de Francia. "Marsella ha sido una de las últimas ciudades en verse afectada por los problemas e incluso cuando éstos han llegado no se han concentrado en un punto concreto sino que se han dispersado", aseguraba un portavoz de la delegación del Gobierno. Ayer, por ejemplo, aparecieron 36 coches quemados en el conjunto del área metropolitana. Casi ningún barrio resultó más afectado que otro.

Las protestas de las asociaciones y, sobre todo la oleada de violencia, han acabado por tener efectos en la política del Gobierno de Dominique de Villepin hacia las entidades que trabajan en los barrios. El primer ministro francés anunció el pasado martes una partida extraordinaria de 100 millones de euros para estas asociaciones. ¿Una apuesta seria o una simple promesa de un político en apuros? "Espero que no sean sólo fuegos artificiales, Villepin sabe lo que es jugar con fuego", afirma Sylvie Justine, de SOS Drogas. Y remacha: "Nosotros estamos dispuestos a volver al trabajo, sólo nos falta su compromiso".