Las medidas de excepción entran en vigor en 25 departamentos franceses

Un total de 25 departamentos, de los 95 que conforman la Francia continental, afrontaron ayer la oleada de violencia urbana con las medidas de excepción decretadas el miércoles por el Gobierno francés. Sólo seis departamentos, sin embargo, decidieron imponer el toque de queda. Tras la emisión del decreto, el vandalismo ha remitido de forma significativa por primera vez desde el estallido de la crisis, el 27 de octubre. Los 617 vehículos quemados en la noche del martes al miércoles son la mitad de los 1.173 de la madrugada precedente, y algo similar sucede con el número de detenciones.

El toque de queda, una de las medidas previstas dentro del estado de emergencia, ha sido implantado en los departamentos de Seine-Maritime, la Somme, Eure y Oise (norte); Loiret (centro) y Alpes Marítimos, en el sureste, que abarca la turística Costa Azul y ciudades tan conocidas como Niza o Cannes. En función de esta medida, queda prohibida la presencia nocturna, en calles y lugares públicos, de menores no acompañados por adultos que tengan potestad legal sobre ellos. Además, la policía tiene permiso para realizar registros domiciliarios de sospechosos sin permiso judicial, y los locales nocturnos quedan sujetos a restricciones en sus horarios de apertura y cierre.

Por el contrario, otros departamentos han acogido con más reserva las prerrogativas que les otorga el decreto gubernamental. Así, los prefectos de los ocho departamentos que componen la región de Ile-de-France (región parisiense), donde comenzaron los disturbios tras la muerte accidental de dos jóvenes, han indicado que, de momento, no van a aplicar el toque de queda, ya que los actos vandálicos han disminuido y, en este contexto, semejante medida podría tener ahora un efecto contraproducente.

Este descenso en la oleada de violencia se ha constatado también en el resto de Francia, y se produce después de que el Gobierno echara mano de una ley de 1955 para declarar del estado de urgencia.

Respaldo a las medidas

Según las encuestas, un 73% de los franceses respalda la decisión del Gobierno. La batería de medidas contra las bandas violentas se completa con la decisión del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de pedir a los prefectos la expulsión de Francia de todos los adultos extranjeros condenados por participar en los actos violentos.

Aunque las cifras son aún espectaculares, en la noche del martes al miércoles fueron quemados 617 vehículos en toda Francia, casi la mitad de los incendiados la noche anterior (en tiempos normales, una media de cuarenta vehículos arden a diario en Francia). También bajó el número de detenidos, de 330 en la noche del lunes a 204 en la madrugada del miércoles, según datos facilitados por Claude Guéant, director de gabinete del ministro Sarkozy.

Desde el estallido de la crisis, hace 14 días, las fuerzas de seguridad han detenido a 1.462 personas, de las que 273 han pasado a disposición judicial. De ellas, 173 adultos han sido ya condenados a penas de prisión firme. Además de incrementar la vigilancia policial en las zonas más conflictivas, que se ha reforzado con helicópteros, las autoridades están rastreando cuidadosamente las páginas web y los blogs, ya que varios grupos violentos están coordinando los asaltos mediante el uso de Internet y teléfonos móviles. De hecho, dos jóvenes están siendo ya investigados por incitar a la violencia por estos medios.

Si las medidas represivas cuentan con el respaldo mayoritario de la sociedad francesa (incluida la oposición socialista) no puede decirse lo mismo de las medidas sociales decretadas el miércoles por el primer ministro, Dominique de Villepin. Varios analistas sostienen, desde posturas distintas, que insistir en subvenciones no va a resolver los problemas de desempleo y desarraigo que afecta a la población inmigrante de los suburbios. Es necesario, dicen los expertos, un debate la inmigración y sus problemas de integración, que tanto la izquierda como la derecha habían soslayado hasta ahora.