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REVUELTA URBANA EN FRANCIA

Francia declara el estado de emergencia

Varias ciudades impusieron anoche el toque de queda para intentar frenar los disturbios

Para detener la espiral de violencia que sufre Francia desde el pasado 27 de octubre, el Gobierno aprobó ayer la declaración del estado de emergencia, que, entre otras medidas, permite decretar el toque de queda. Una medida que ya pusieron en marcha desde la pasada medianoche varias ciudades francesas. La prefectura del Somme (norte de Francia) la autorizó de forma general en su capital de Amiens, como ya lo había hecho Orleans (centro), para prohibir a los menores de 16 años no acompañados por mayores salir de casa entre las 22.00 y las 6.00. La medida, sin embargo, no pudo entrar en vigor hasta después de la medianoche de ayer, debido a que era necesario que el decreto fuera publicado oficialmente para que pudiese tener efectos legales.

Chirac: "Se trata de una decisión necesaria para acelerar el regreso de la calma"

El primer ministro Dominique de Villepin decidió acogerse a la ley de 3 de abril de 1955, dictada en plena guerra de Argelia, que permite declarar el estado de emergencia, y no aplicar en su lugar el artículo 36 de la Constitución, que contempla una auténtica situación de guerra y permite controlar los medios de comunicación y recurrir a la jurisdicción militar.

La ley de 1955, promulgada por la IV República para hacer frente a la situación insurreccional creada en Argelia, sólo se ha aplicado una vez más desde entonces: en 1984, cuando un movimiento independentista se sublevó en la isla de Nueva Caledonia, en el Pacífico sur.

Esta disposición legal, cuya aplicación se fija en un máximo de 12 días, ofrece un importante abanico de posibilidades a los prefectos -funcionarios equivalentes a los delegados del Gobierno españoles para temas de Interior y policía-, más allá de la implantación del toque de queda en determinados barrios, algo que, de hecho, ya pueden hacer los alcaldes en determinadas condiciones, como pusieron en evidencia el lunes los de Le Raincy, en las afueras de París, y Orleans (130 kilómetros al sur de la capital).

La ley otorga poderes de excepción a los prefectos y les autoriza a establecer zonas de seguridad, tomar medidas de confinamiento o decretar la prohibición de acercarse a determinadas zonas a los que considere responsables de desórdenes; detención domiciliaria, cierre de salas de espectáculo o de reuniones, cierre de lugares públicos si hay sospecha de que en ellos se reúnen bandas y requisar cualquier tipo de armas. También otorga el poder de ordenar registros domiciliarios, tanto de día como de noche, sin tener que pedir autorización judicial, cuando se sospeche que, por ejemplo, desde esas viviendas se hayan efectuado agresiones contra las fuerzas de seguridad.

Hay dos grados dentro del estado de emergencia. El grado simple, que es el que ha escogido Villepin, aunque el pasado lunes evitara pronunciar esta palabra en televisión para no acentuar la alarma social, y el estado de emergencia agravado, un segundo nivel, que aumenta la capacidad de ordenar registros domiciliarios y abre la puerta a la censura de los medios de comunicación. Las sanciones previstas para quienes no cumplan el toque de queda van hasta los dos meses de cárcel y los 3.750 euros de multa.

A la salida del Consejo de Ministros, Villepin prometió ayer que estas medidas serán aplicadas "con responsabilidad" y precisó que el decreto excluye "todo control" de los medios de comunicación.

El primer ministro anunció que se establecerá una lista de los municipios donde los prefectos podrán decretar el toque de queda, bajo la autoridad del ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, y que el decreto que pone en funcionamiento el estado de emergencia podrá ser prorrogado cuando se cumplan sus 12 días de vigencia "si las circunstancias lo exigen".

Restablecer el orden es la prioridad absoluta, pero tomará tiempo, reconoció Villepin. El Gobierno, añadió, tomará todas las medidas necesarias y presentará próximamente un plan de prevención de la delincuencia. En un guiño al electorado conservador y a una buena parte de la sociedad francesa, señaló como una de las causas del estallido de la violencia a la inmigración ilegal, e insistió en la voluntad de su Gobierno de expulsar a todos los que se encuentren en Francia de forma irregular. La inmensa mayoría de los detenidos estos días, sin embargo, son ciudadanos franceses.

Para el presidente Jacques Chirac se trata de "una decisión necesaria para acelerar el regreso de la calma", según explicó el portavoz del Gobierno, Jean François Cope. "El imperio de la ley va necesariamente a la par con la justicia", dijo el presidente; "superaremos la situación actual sólo si damos toda su realidad a este principio fundamental de la República".

Desde que se inició la crisis, Chirac ha mantenido una presencia difusa. Sólo el domingo por la tarde realizó una muy breve declaración a la televisión tras convocar el Consejo de Seguridad Interior. Chirac presidirá una nueva reunión del Consejo de Ministros el viernes.

Sarkozy se reunió ayer con los prefectos de Francia para examinar la aplicación del decreto de estado de emergencia, que se hará de forma "selectiva", según indicó el titular de Interior en un comunicado en el que resumía la política del Gobierno con estas palabras: "Firmeza, sangre fría y mesura".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de noviembre de 2005