Villepin autoriza a los delegados del Gobierno a imponer el toque de queda

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, anunció ayer que el Gobierno autorizará a partir de hoy a los prefectos (delegados de Gobierno) a imponer el toque de queda en las zonas que consideren oportunas de su departamento para enfrentarse a la violencia urbana que sufre Francia desde el 27 de octubre. En una entrevista en el principal informativo de la cadena TF1, Villepin anunció la movilización de 1.500 reservistas, que se unirán a los 9.500 agentes sobre el terreno. El primer ministro reconoció que los franceses de origen magrebí o subsahariano sufren discriminación, sobre todo en el campo laboral.

"Tenemos que cambiar nuestra mirada", dijo Villepin. Para el primer ministro, lo prioritario es el regreso a la normalidad y el restablecimiento del orden republicano antes de tomar medidas que solucionen los problemas de los barrios más degradados de las grandes ciudades. "Hay redes criminales y bandas de jóvenes que están en la lógica de la violencia y los destrozos pero también de un cierto juego", dijo. "Es responsabilidad de los padres poner fin a esta dinámica".

Apoyándose en una ley del año 1955, el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar hoy permitirá a los prefectos declarar el toque de queda donde lo consideren necesario. Sin embargo, Villepin descartó el recurso al Ejército para imponer el orden. "No; no estamos aún ahí", respondió al presentador del informativo, Patrick Poivre d'Arvor. "En cada etapa tomaremos las medidas necesarias", dijo. El primer ministro apoyó la creación de patrullas ciudadanas en los barrios "si se hacen con un espíritu de apaciguamiento".

Villepin, que durante casi toda la entrevista se dirigió visiblemente a su clientela electoral, sorteó las preguntas comprometidas que le hizo el presentador, tanto sobre la soledad vivida por el ministro del Interior y máximo rival de Villepin, Nicolas Sarkozy, quien tuvo que afrontar solo los cinco primeros días de la crisis, como la desaparición del presidente Jacques Chirac hasta el domingo, cuando reconoció que Francia tiene un grave problema para integrar a los hijos de los inmigrantes magrebíes y africanos, que no tuvo con los italianos, españoles y portugueses.

Para enfrentarse al problema que ha dejado en evidencia esta revuelta, el primer ministro estableció tres frentes: educación, empleo y vivienda. En el primer caso reconoció que en Francia hay en este momento más de 15.000 niños sin escolarizar y que el fracaso escolar afecta a 150.000 chicos cada año. Para estos últimos se abrirá la posibilidad de que a los 14 años puedan integrarse en escuelas de formación profesional. Sobre el empleo anunció que en tres meses se crearán 50.000 puestos de trabajo para jóvenes. La rehabilitación de algunos de los barrios-colmena más deteriorados podría hacerse antes de 18 meses. Villepin rechazó que la religión esté jugando un papel en la revuelta, y mucho menos que, como apuntó ayer el primer ministro turco, que la revuelta tenga algo que ver con la ley que prohibió el velo islámico en los colegios y escuelas. Villepin admitió que los franceses de origen magrebí, los de raza negra y en general los no europeos, sufren marginación. "Tienen la sensación de ser diferentes", dijo, e instó a la sociedad francesa a "cambiar nuestra mirada".

En manos de la justicia

La responsabilidad para poner fin a esta ola de violencia, dijo, está en manos de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Ayer anunció que se habían producido un centenar de condenas con prisión firme. En este sentido, el titular de Justicia, Pascal Clément, se reunió con representantes de los fiscales para instarles a que pidan penas agravadas contra los culpables y para que agilicen el procedimiento de urgencia. Así, un joven de 20 años fue condenado ayer a cuatro meses de cárcel por haber tirado una piedra contra un coche de la policía y haber insultado a los agentes en Mulhouse. El juicio tuvo un desarrollo tumultuoso y se saldó con la expulsión de amigos y familiares del condenado.

El problema está en las pruebas. El Gobierno asegura que se mantendrán los procedimientos legales, que se utilizarán los laboratorios de la policía para determinar si hay o no resto de hidrocarburos (gasolina) en las manos de los supuestos culpables, o testimonios directos que les inculpen. Pero ayer, en este juicio, la declaración del agente hablaba de un joven "magrebí" mientras que el condenado era de raza negra. Los abogados se quejan de que "es difícil hacer justicia" en estas circunstancias.

Sarkozy, por su parte, se mostró partidario ayer de que el modelo francés de integración sea "refundado profundamente" pero advirtió, al igual que el presidente Chirac en la víspera, que "dure el tiempo que dure, nada será posible en los barrios en relación con restablecimiento de la justicia y la igualdad de oportunidades, si no se restablece el orden republicano".