Las mujeres maltratadas podrán tener ayudas públicas aunque no hayan denunciado su caso

Las mujeres maltratadas tendrán derecho a acceder a los servicios asistenciales o a las ayudas económicas de la Generalitat y de las administraciones locales aunque no hayan denunciado a su agresor o no exista una sentencia judicial que reconozca su condición de víctimas de la violencia machista. Así lo prevé el borrador del anteproyecto de ley que el Gobierno catalán quiere aprobar a principios del próximo año y que pretende, entre otros objetivos, evitar que se queden sin asistencia las mujeres que sufren malos tratos pero no los denuncian por miedo.

El borrador de la futura normativa, que se denominará Ley de los Derechos de las Mujeres para la Erradicación de la Violencia Machista, será sometido a partir de hoy y durante varias semanas a un debate entre las entidades y los agentes sociales implicados (asociaciones de mujeres, organismos locales, sindicatos y colegios de abogados, entre otros). El objetivo de la Generalitat es que el proyecto de ley llegue al Parlament a principios del próximo año con el máximo consenso social posible.

La presidenta del Instituto Catalán de la Mujer, Marta Selva, destacó ayer que la normativa, que el tripartito se comprometió a impulsar en el Pacto del Tinell, es fundamentalmente una "ley de derechos". Por ello, agregó Selva, se pretende eliminar todos los obstáculos que pueden impedir a las mujeres víctimas de la violencia machista gozar del derecho a recibir ayudas y apoyo de las administraciones públicas (autonómica y local). Selva explicó que en no pocas ocasiones estas mujeres quedan excluidas de las prestaciones públicas porque la legislación estatal les exige, como condición, que hayan presentado una denuncia ante la policía o que exista una sentencia u orden judicial contra el agresor, como el alejamiento de su víctima.

Así, según el anteproyecto presentado ayer, el abanico de posibilidades de acreditación de la violencia doméstica se ampliará y se considerarán válidos, además de la denuncia y la sentencia judicial, un informe del centro sanitario donde la víctima haya sido atendida o un documento de la Inspección de Trabajo en el caso de acoso sexista en el ámbito laboral. También serán válidos los informes de asistentes sociales o de los profesionales de los centros de intervención especializada en los que se ofrece atención integral a las víctimas de violencia sexista. El primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, que presentó ayer el anteproyecto junto con Marta Selva, destacó que pesar de que la presentación de la denuncia dejará de ser obligatoria para acceder a las ayudas institucionales, lo recomendable es que las víctimas de la violencia sexista hagan este trámite ante la policía.

Entre las prestaciones públicas destinadas a las mujeres maltratadas figura el apoyo psicológico y jurídico, el acceso a una casa de acogida, ayudas económicas y programas de reinserción sociolaboral.

El borrador de la futura ley establece que el derecho de las mujeres maltratadas a la asistencia jurídica se determinará en función de los ingresos de la víctima y no de los de la unidad familiar. También se prevén ayudas económicas ponderadas en función de la situación de la mujer, lo que Marta Selva considera "imprescindible" para las que sufren mayor desventaja social y económica.

Selva y Bargalló destacaron el carácter innovador de la nueva ley por abordar de forma global todas las formas de violencia sexista (física, psicológica y económica) incuyendo todos los ámbitos donde puede producirse (familiar, laboral y socioccomunitario).

Junto al objetivo de garantizar los derechos de las víctimas de los malos tratos, la nueva legislación pretende prevenir, con iniciativas educativas y de sensibilización, lo que Bargalló definió como una "lacra social y un sufrimiento individual".