El fiscal investiga a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja por supuesta corrupción urbanística
El primero vive en el chalé de un promotor y el segundo ganó 5,2 millones en una compraventa
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante investiga una supuesta trama de corrupción entre promotores urbanísticos y los alcaldes de Orihuela y Torrevieja (Alicante), ambos del PP. En el caso de Orihuela, el fiscal inició las diligencias a raíz de una denuncia del ex interventor de la corporación sobre supuestos fraudes contables. A ese dato la oposición ha añadido otros relacionados con la adjudicación de proyectos urbanísticos. El alcalde oriolano, José Manuel Medina, vive en el chalé de un promotor y conduce ocasionalmente un Rolls-Royce propiedad del mismo empresario.
Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, también está siendo investigado por un juzgado de esa localidad que, a instancias del fiscal, instruye una denuncia de Izquierda Unida por la compraventa de una finca que le reportó unos beneficios de 5,2 millones de euros.
Los dos alcaldes presiden las corporaciones de las dos poblaciones con mayor peso socioeconómico en la comarca alicantina de La Vega Baja, Orihuela (68.778 habitantes y una población flotante de 100.000 personas) y Torrevieja (75.352 habitantes de derecho y hasta un millón de hecho en verano). Ambos han liderado el boom urbanístico en esa zona costera.
Las relaciones de José Manuel Medina con los promotores y la operación inmobiliaria de Pedro Hernández Mateo son los últimos escándalos conocidos de un periodo que abarca casi dos decenios, durante los cuales, a la sombra de los negocios inmobiliarios, se han producido diversos casos de presunta corrupción en La Vega Baja.
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, sostiene que el absoluto control político del PP durante estos 20 años ha derivado en una "trama de corrupción política" impulsada por el ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. Éste está condenado en firme por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión por apropiarse de una donación de 49.000 euros al Ayuntamiento por parte de una congregación religiosa.
Compra de votos
Los socialistas relacionan los supuestos tráficos de favor de los alcaldes de Orihuela y Torrevieja, a los que añaden los de los municipios de Almoradí y Algorfa, con cinco promotores (Antonio Pedrera, Esteban Gomendio y Agustín Pérez, Domingo Alcocer y Francisco Marcos) y el industrial Ángel Fenoll. Este último, condenado por comprar votos para el PP en los comicios de 1991, explota dos vertederos ilegales en la comarca.
Estos seis empresarios forman parte del Consejo de Administración de la televisión orcelitana Canal 34. La emisora tiene un nuevo socio desde julio pasado, el también constructor José Antonio Rodríguez, propietario de la firma San Antonio S. L. Rodríguez aportó un capital de 366.000 euros, convirtiéndose en el socio mayoritario del canal televisivo semanas antes de que el Ayuntamiento de Orihuela le aprobara dos Planes de Acción Integral (PAI) en la costa, en suelo no programado y al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En abril de 2004, Medina impulsó un polémico acuerdo. Recalificó al promotor Joaquín Grau más dos millones de metros no urbanizables en la huerta para levantar 5.400 viviendas y un campo de golf. Hace dos semanas se supo que Medina reside en un chalé de la urbanización Playa Flamenca, propiedad del empresario. El alcalde mantiene que ocupa la vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. Las relaciones entre Medina y los promotores incluyen el disfrute por parte del alcalde de dos lujosos coches: un Rolls-Royce, propiedad de Grau, y un Audi A8, perteneciente al constructor local Francisco Marcos.
La gestión de Medina al frente del Consistorio oriolano ha estado salpicada por irregularidades. El alcalde contrató en diciembre de 2004 en exclusiva como director de personal del Ayuntamiento a Luis Alberto Prieto Martí, a su vez profesor interino de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia desde 1998.
Prieto Martí, liberado sindical a tiempo parcial, tenía una carga docente de 12 horas semanales en un instituto de Murcia y estaba dado de alta por ambas instituciones públicas. Al trascender que cobraba dos sueldos públicos anuales (29.000 euros del Gobierno de Murcia y 38.000 del Ayuntamiento), dimitió en abril como jefe de personal del Consistorio oriolano.
En julio de 2000, el alcalde de Torrevieja compró 18,3 hectáreas de suelo rústico por 180.000 euros en la vecina localidad de Almoradí. Dos años más tarde, vendió el terreno por 5,4 millones.
Edén del Mar
En el origen y final de la operación, según documentación aportada por Los Verdes, se encuentra la promotora Edén del Mar. Esta sociedad mercantil fue adjudicataria de diversos proyectos en Torrevieja dos años antes de que el alcalde vendiera a esa misma empresa los terrenos que había adquirido.
En 2003, Edén del Mar, junto a otros promotores, se sumó a un proyecto para urbanizar 19 millones de metros cuadrados en Almoradí, que incluían el terreno de Hernández Mateo. Este último proyecto está pendiente de autorización definitiva por parte de la Consejería de Territorio y Vivienda.
Además de Torrevieja y Orihuela, los tribunales investigan otros tres casos por supuestos delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio en otros tantos proyectos urbanísticos. El primero es la construcción de un campo de golf en Algorfa. El juez ha imputado al alcalde, Antonio Lorenzo, del PP, y al promotor y constructor Antonio Pedrera. La segunda investigación se centra en una urbanización, impulsada por la sociedad mercantil San José, cuya construcción se inició en una zona de monte calificada de utilidad pública, en el término de Albatera. Y la tercera, la construcción de un centenar de casas rurales sin licencia de obras en el término de Carral.
La comarca de La Vega Baja tiene numerosos antecedentes de presunta corrupción que salpicaron incluso a gobiernos locales socialistas a mediados de los ochenta. El más sonoro fue la llamada operación Nécora (acrónimo de Negocios Comarcales Rápidos) que planeó el todavía alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, quien articuló una trama para favorecer, supuestamente, a personas afines al PSOE a través, entre otras fórmulas, de adjudicaciones de despachos de lotería.
Urbanismo y división en el PP
El negocio inmobiliario aparece en el centro de la segunda gran crisis del PP en el Ayuntamiento de Orihuela. La primera fue en 1998, cuando las diferencias entre el entonces concejal de Urbanismo, Jesús Fernández, y el actual alcalde llevaron a éste a la creación del grupo Centro Liberal. Medina se mantuvo en el gobierno local, con el apoyo tácito del PSPV, y en los comicios de 1999 revalidó la alcaldía con mayoría absoluta.
Siete años después, el urbanismo ha escenificado el segundo cisma del los populares oriolanos, en este caso entre los partidarios del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lidera el alcalde, y los afines a su antecesor en el cargo y actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, encabezados por la ex primer teniente alcalde, Mónica Lorente. El grupo de ediles afines a Lorente -nueve concejales- se opuso en un pleno del mes pasado a la última iniciativa urbanística de Medina (la aprobación de los dos planes urbanísticos de la costa al promotor José Antonio Rodríguez). Éstos cuestionaron esos planes porque se trata de suelo protegido y se ha tramitado al margen del PGOU. Medina evitó la derrota en el pleno gracias al apoyo de sus cinco concejales afines, más los del Centro Liberal e Isidro Hernández, edil elegido en la lista del PSPV, pero militante del PP desde 1990.
La división del PP oriolano ya afloró en julio pasado. Entonces, Lorente derrotó a Medina en la asamblea para la elección de presidente de la junta local del PP. Medina respondió a la rebelión de los ediles zaplanistas con la destitución de la primera teniente de alcalde y dos alcaldes pedáneos. La dirección provincial del PP, presidida por el zaplanista José Joaquín Ripoll, contraatacó con la apertura de expediente informativo a Medina y sus cinco concejales afines y la expulsión del alcalde del comité ejecutivo provincial. Medina trata de agotar el mandato, pese a quedar en minoría en su grupo, con el apoyo puntual del Centro Liberal y el mentado edil del PSPV.
En el caso de Torrevieja, la imputación de Hernández Mateo por supuesto uso de información privilegiada no ha comportado consecuencias en el ámbito local del PP. El alcalde, partidario del colectivo campista, mantiene el control de la organizacióny acaba de ser reelegido como presidente de la junta local del PP.
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