Zapatero ofrecerá más competencias en el debate con los presidentes autonómicos

El debate sobre el estado de las autonomías, una cita que debía ser anual pero suspendida desde 1997, comenzará el lunes con una oferta ambiciosa del Gobierno. El Ejecutivo pretende escuchar a los presidentes sobre una posible ampliación de sus competencias, recogida en las diversas reformas de Estatutos puestas en marcha. Pero también expondrá cuáles son los límites: que quede garantizada la unidad de mercado y, sobre todo, la cohesión social entre comunidades de distinta renta per cápita. También se discutirán criterios para reformar la financiación y el propio Senado como órgano de decisión multilateral.

Pocos días después del pleno de la toma en consideración del Estatuto de Cataluña, el Gobierno prepara el debate más largo, intenso y concreto sobre el desarrollo del modelo autonómico desde la transición. Tres días de discursos de todos los presidentes autonómicos -excepto el lehendakari Juan José Ibarretxe, que ya ha anunciado que no asistirá-, con una intención: el Ejecutivo quiere escuchar las opiniones de las autonomías en los cuatro asuntos fundamentales que propone y que implican reabrir el melón autonómico.

José María Aznar, que llegó al Gobierno en 1996 de la mano de los nacionalistas de CiU y del PNV, convocó con entusiasmo el debate en 1997, pero ni logró que acudiera el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, ni contentó a su socio principal, Jordi Pujol, quien sentenció: "Cataluña no acaba de encontrar su lugar en España". Aznar, por contra, aprovechó el debate para asegurar, en referencia al Estado autonómico: "Tenemos el escenario bien diseñado y la obra casi a punto. No estropeemos los últimos ensayos con muecas excesivas". El resultado de aquel encuentro no fue bueno para el Gobierno, porque se enfrentó con sus socios. Y el debate, y con él el propio Senado, cayó en desgracia y nunca más se convocó, hasta ahora. El socialista Felipe González lo había organizado cuatro veces, en 1985, 1987, 1993 y 1994.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hará lo contrario que Aznar. En vez de dar por cerrado el melón, lo abrirá en cuatro puntos, los recogidos en la comunicación sobre el temario del debate que ha enviado a todos los convocados.

Traspasos en marcha

Primero, la ampliación de las competencias. El Gobierno anuncia su "voluntad de desbloquear traspasos y reconducir la conflictividad que había caracterizado los últimos años". Es más, se habla específicamente de las negociaciones de traspasos en marcha, como los recursos hidráulicos o determinados medios de la administración de Justicia.

El Ejecutivo se muestra dispuesto a escuchar las opiniones de los presidentes autonómicos sobre la ampliación de competencias, y se muestra abierto a las reformas de estatutos que están en marcha, pero recuerda el límite: "Esta eventual ampliación en ningún caso debe debilitar las capacidades de mantenimiento de un marco legislativo común en aspectos como la unidad de mercado o la cohesión social".

Otro de los ejes del debate que comienza el lunes será el de la necesidad de incrementar la cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado y, sobre todo, garantizar la coordinación entre todas ellas. Es uno de los asuntos más importantes para el Gobierno, el de llenar el vacío legal que existe en un país muy descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen mucho peso pero ningún órgano donde discutir entre ellas sobre sus problemas.

Para eso se creó la Conferencia de Presidentes, que el Gobierno pretende consolidar "como máximo órgano de orientación política del sistema de cooperación intergubernamental". Pero el Ejecutivo pretende también "impulsar la reactivación de las conferencias sectoriales" y, sobre todo, iniciar la reforma del Senado. Zapatero está pendiente de dictamen del Consejo de Estado sobre esta reforma, pero en el debate se avanzarán algunas prioridades, sobre todo la necesidad de convertir la Cámara en un auténtico órgano de representación territorial, similar al Bundesrat alemán, donde están representados todos los gobiernos de los länder y se toman las decisiones que les atañen.

Negociar la financiación

También se hablará del sistema de financiación de las comunidades, cuya última reforma, pactada por unanimidad en 2001, se ha demostrado insuficiente sobre todo por el aumento de la población y la llegada masiva de inmigrantes. El Gobierno escuchará las opiniones de los presidentes, aunque en la comunicación que ha enviado ya avanza que la reforma se hará en esta legislatura. El criterio que seguirá es el de "mantener y aumentar si es posible el grado de corresponsabilidad fiscal a la vez que la capacidad cohesionadora y de solidaridad del modelo". Esta negociación para la reforma, explica el Ejecutivo, debe hacer "en constante diálogo con las comunidades autónomas y en el seno de los correspondientes órganos e instituciones de representación estatal y autonómica".

El PSOE y el Gobierno pretenden evitar que el debate se transforme en una especie de segunda vuelta del enfrentamiento a cuenta del Estatuto de Cataluña que se produjo el miércoles en el Congreso, aunque saben que muchos presidentes del PP enfocarán por ahí sus discursos. Lo que hará el PSOE es precisamente dejar claro que se opone a la bilateralidad planteada en el Estatuto catalán porque, a cambio, apuesta por aumentar los mecanismos de participación de las comunidades en las decisiones que les afectan.

El último punto que se tratará será precisamente el de la participación de las autonomías en los órganos de la Unión Europea. El Gobierno quiere destacar el valor del acuerdo alcanzado en diciembre de 2004, que ha permitido que por primera vez un consejero autonómico se incorpore a las negociaciones en Bruselas como parte de la delegación española, acompañando al ministro de turno. Hasta ahora se han incorporado consejeros de Castilla y León, Andalucía y Cataluña.