La Junta retira 10,8 millones de ayuda a Altadis al aplicar despidos forzosos

La intención de la dirección de Altadis de aplicar despidos forzosos en la planta de Cádiz le costará muy cara a la compañía tabaquera. La Consejería de Empleo ha comunicado a la multinacional la decisión de la Junta de retirar los 10,8 millones de euros que tenía previsto aportar para el plan social del expediente de regulación de empleo que se ejecuta ya en la fábrica de Cádiz, una de las más importantes del grupo tabaquero.

El Gobierno andaluz se comprometió a aportar esta cantidad económica para colaborar en las medidas sociales previstas en el expediente si Altadis se comprometía a no acometer despidos o traslados forzosos.

La regulación de empleo afectará a 176 trabajadores, de los que 164 se habían acogido al proceso de bajas voluntarias propuesto por la dirección. El acuerdo entre la empresa y la Administración autonómica recogía que no se ejecutase ningún despido forzoso, por lo que Altadis debía renunciar a los 12 empleos que le restaban para completar la cifra de trabajadores que abandonarían la planta gaditana.

Los sindicatos alertaron de que la empresa tenía intención de enviar cartas de despido forzoso a 12 empleados e instaron a la Junta a evitarlo. Según informó ayer Diario de Cádiz, el director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, advirtió el pasado lunes al director de recursos humanos de Altadis en España, José Luis Relea, de que la Junta retiraría el dinero comprometido si la tabaquera enviaba alguna carta de despido a trabajadores que no se hubiesen acogido al proceso de bajas voluntarias. Sin embargo, la empresa desoyó la advertencia de la Junta y envió el pasado miércoles las misivas a los trabajadores.

Así las cosas, la Junta ha decidido retirar la subvención de 10,8 millones de euros, según confirmó ayer Juan Bouza, delegado de Empleo en Cádiz. "No tenía sentido despedir y enviar estas cartas de marcha forzosa a una docena de trabajadores. No entendemos porqué lo han hecho porque a la Junta le parece un sinsentido injustificable", explicó Bouza, quien no ocultó su sorpresa por la postura de Altadis. Con todo, informó que la Consejería de Empleo aportará el dinero si la empresa rectifica su actitud.

Por otra parte, la planta de Altadis de Cádiz perdió ayer una de sus señas de identidad con la desaparición de la figura de las cigarreras al concluir el empaquetado de la última producción de puros que se terminaron de fabricar el viernes de la pasada semana: una partida de 56.000 cigarros Farias que se distribuirán en los próximos días por los estancos de todo el país. Se trata de la última actividad de la fábrica de puros antes del traslado definitivo de esta actividad a Cantabria.

El cierre de esta fábrica supondrá la pérdida de 70 empleos y de "una seña de identidad y uno de los valores añadidos" de la factoría gaditana, según lamentaron ayer los sindicatos.

De igual manera, el parlamentario andaluz de IU por la provincia de Cádiz, Ignacio García, reiteró ayer su malestar por el cese de actividad en la fábrica de puros. "Tiene un triple valor negativo: cultural, económico, pero, sobre todo, de género por el significado de la incorporación laboral de la mujer que no creemos que haya sido valorado en su justa medida ni por las empresa ni por las administraciones públicas", dijo García, quien sostuvo que el despido de cigarreras contrasta con el mensaje que lanzan en la actualidad los poderes públicos: "Al mismo tiempo que se lucha por la incorporación laboral de la mujer, se cierra una producción femenina que es mucho más difícil de recuperar especialmente en una zona como la Bahía de Cádiz donde se destruye empleo constantemente", concluyó.